Esperan detenciones clave en caso Ayotzinapa
Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en el sur de México confían en que los avances que tiene previsto presentar el gobierno el sábado, en el sexto aniversario de un crimen que conmocionó al país, sean detenciones de militares o policías federales porque, según sus abogados, hay elementos para ello.
"Hay pruebas suficientes para proceder en contra de esas personas", dijo a AP Santiago Aguirre, director del centro de derechos Humanos Prodh y representante de las familias. Parte de los avances, agregó, surgieron del rastreo de la telefonía móvil y de nuevas declaraciones.
A su juicio, "no hay duda de que eran parte del esquema" criminal entre funcionarios y delincuentes que permitieron las desapariciones aunque lamentó que todavía no se sepa qué pasó esa noche ni el paradero de los muchachos.
La falta de certezas mantiene a las familias en la desesperación pero detener u ordenar el arresto de algunos militares plenamente identificados tendría una gran carga simbólica dado el apoyo y la defensa incondicional que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho de las Fuerzas Armadas.
"Nos tiene que dar algo dar algo concreto, algo de avance" y esas detenciones lo serían, comentó Clemente Rodríguez, padre de uno de los jóvenes y que fue notificado en julio del hallazgo de un fragmento de un hueso del pie de su hijo, Christian Alfonso.
Según Rodríguez, la identificación no responde a la pregunta clave de qué pasó con los 43 estudiantes aunque sí la considera un avance y una nueva confirmación de la falsedad de la versión que les dio el anterior Gobierno.
La considerada "verdad histórica" por la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) aseguraba que el 26 de septiembre de 2014 policías locales de Iguala capturaron a los estudiantes en esa localidad del sureño estado de Guerrero y los entregaron a miembros del crimen organizado que los incineraron en un basurero de un municipio vecino, Cocula, y luego tiraron sus restos a un río cercano.
En ese río se localizó un hueso que fue identificado como el de uno de los estudiantes, Alexander Mora, pero un grupo de expertos internacionales independientes no pudo comprobar cómo llegó ahí y denunciaron multitud de irregularidades en el proceso, obstrucción a la justicia de autoridades locales, estatales y federales y que acusados clave fueron torturados, algo que luego la ONU ratificó. La propia justicia mexicana ordenó en 2018 la reposición de todo el proceso porque la fiscalía federal no había sido imparcial.
La llegada de López Obrador al poder dio un giro a la investigación, se creó una Comisión de la Verdad, se hicieron nuevas búsquedas -como en la que se halló el resto de Rodríguez, la segunda identificación plena- y se iniciaron procesos clave contra dos funcionarios: el jefe de la Policía Ministerial Federal por tortura y una detective por falsificación de documentos y ocultar información en un caso de desaparición forzada.