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El menos común de los sentidos

Los 'nuevos' programas sociales de la 4T: claroscuros

El menos común de los sentidos

EDUARDO RODRÍGUEZ

Para cualquier gobierno en el mundo, la política social constituye uno de sus pilares más importantes porque cimienta el esfuerzo de la administración y, en países como el nuestro, con mayor razón ya que uno de cada dos mexicanos enfrenta algún tipo de carencia social y cuatro de cada diez viven en situación de pobreza.

La concentración de la riqueza entre pocos es un problema histórico y nadie se ha preocupado por detenerlo; en gran medida ha sido porque en esto no radica el principal inconveniente, sino en las políticas redistributivas que no han sido capaces de corregir la desigualdad de los países, lo que convierte un problema de mercado en uno de Estado. La importancia de la participación del Estado en este proceso es tal que de ello depende la calidad y la reorientación de la política social, es decir, el tamaño y la eficiencia de la intervención redistributiva del Estado determinan su impacto en la desigualdad.

Uno de los instrumentos más importantes del Estado en este sentido son los impuestos, esos que en un primer escenario se cobran y después se devuelven -o deberían- a la sociedad en transferencias como becas, seguros de desempleo y en la mejora de servicios públicos como el sistema de salud, alumbrado, alcantarillado y pavimentación de calles. En los países más equilibrados y prósperos, la desigualdad disminuye visiblemente después de la intervención del Estado, es decir, después de que el Gobierno cobra impuestos y hace transferencias de riqueza mediante sus instituciones de política social que en México serían la Secretaria de Bienestar federal y estatal las principales responsables en la materia.

El actual Gobierno ha puesto en marcha una "nueva política social" que presumen como el emblema principal de su proyecto transformador y representa en hechos su lema de "primero los pobres". Pero, ¿en qué consisten estos nuevos programas del presidente López Obrador? Según Castañeda, podemos agruparlos en tres categorías: los mismos de antes, pero con nuevo nombre, como el programa de Producción para el Bienestar, el antiguo PROAGRO. Otra categoría serían los mismos programas de antes, pero con nuevas reglas, como las Becas para la Educación Básica Benito Juárez que suplen las transferencias del antiguo Prospera. Y, por último, los programas realmente nuevos, como Jóvenes Construyendo el Futuro.

La suma de los programas no alcanza a delinear una política social completa mucho menos novedosa. Son piezas sueltas echadas a un mar de carencias sociales que se han agravado a causa de la pandemia. Las cantidades totales del presupuesto federal destinados a estos programas hablan también de sus restricciones y lo poco que le apuestan que en los hechos el presidente López Obrador y su gobierno a esos que ha tomado más como propaganda que como causa: los pobres. En 2019 fueron 147 mil 931 millones equivalente al 2.2 por ciento del presupuesto, y 170 mil 394 millones para 2020, equivalente al 2.5 por ciento del total del recurso para ejercer este año.

Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en la mayoría de los casos los programas fueron puestos en marcha sin diagnósticos detallados. Además, en muchos de ellos los objetivos planteados son ambiguos e imposibles de medir. El origen de los programas es resolver problemas reales que afectan a la sociedad, pero por un mal diseño y falta de diagnóstico certero se quedan lejos de tocar sus causas.

Vemos entonces que el cambio, en todo caso, ha sido solamente en el nombre de los programas que ya existían, porque la puesta en marcha de la "nueva política social" del gobierno de la 4T deja evidencia clara de que poco o nada se ha logrado en el combate a la pobreza y la reducción de la desigualdad. Una vez más se demuestra que las políticas de transferencia son insuficientes para corregir desigualdades de ingreso. Piketty sugiere poner la mirada en la predistribución más que en la redistribución del ingreso. Esta idea de poner en el centro de la política pública la predistribución del ingreso radica en que el Estado tendría que intentar evitar de raíz que se originen las desigualdades -económica, social y laboral- en vez de atenuarlas a través de impuestos y subsidios (redistribución).

Mientras el Gobierno de México insista en que es distinto a los anteriores y no identifique que necesita medidas extraordinarias, su política social no combatirá la pobreza, sino que la aumentará. Si no se realizan diagnósticos certeros y se deja de lado lo electoral por darle prioridad a lo social, los afectados seguiremos siendo los mexicanos, pero... primero los pobres.

@eduardguezh

Escrito en: El menos común de los sentidos programas, política, social, Estado

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