Por si quedaba alguna duda de que el Poder Judicial está al servicio del Poder Ejecutivo en nuestro país, ayer se disipó. No contamos con la Suprema Corte de Justicia de la Nación como contrapeso ya que su Presidente actual jugaba a dos bandos, aunque ya eligió su lado y es al lado del Presidente. Uno de los grandes problemas que tiene el sistema judicial en nuestro país radica precisamente en eso: ¿cómo habrá garantía de justicia para la ciudadanía si el gobernante en turno designa a los justicieros?
El tema de la consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes fue el plan B de López Obrador una vez que no se le permitió someter a votación su revocación de mandato y no fue obra de la oposición; los tiempos no correspondían según lo establece nuestra Constitución. Desesperado al ver cómo su partido y su "proyecto" de nación no han logrado tener la aceptación de los mexicanos, algo evidente en un país donde 8 de cada 10 mexicanos no confían en los partidos políticos y menos cuando sus filas se han llenado de cuadros políticos reciclados, decidió entonces colocar la mira en aquellos que durante años bloquearon sus intentos por llegar al poder: los expresidentes.
La pregunta que planteaba AMLO fue catalogada como un "concierto de inconstitucionalidades" pero cumplía el objetivo, ser tendenciosa y por lo tanto sesgar la apreciación de la situación real emitiendo juicios de valor y socavando la presunción de inocencia que tenemos los mexicanos según la Carta Magna.
El cuestionamiento original era el siguiente: "¿Está de acuerdo o no, con que las autoridades competentes investiguen y en su caso sancionen la comisión de delitos de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus gestiones?"
Según la Corte, la consulta popular si es constitucional siempre y cuando se reformulara la pregunta. Finalmente se replanteó quedando de la siguiente manera: "¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".
Exacto. Todo y nada. ¿Qué acciones pertinentes? ¿Qué decisiones políticas? ¿Cuáles actores políticos? ¿Del gobierno federal, estatal o municipal? ¿Quiénes son las posibles víctimas?
A pesar de que se argumente que fue una jugada maestra de la Corte y quien sale perdiendo es López Obrador, queda claro que, como lo argumenta Rivapalacio: "los derechos humanos pasarán a ser un tema de las mayorías y las minorías, o de qué político o partido moviliza más gente a consultas populares para defender sus intereses y pretensiones."
La persecución de un delito no puede depender de la opinión pública. La consulta es inconstitucional: las víctimas del delito tienen derecho a la justicia. El Estado debe cumplir con su deber. Si, ese nuevo Estado de dos poderes, el Ejecutivo con la justicia de rehén y el Legislativo, este último que ayer hizo berrinche y abandonó la sesión con tal de no votar por la extinción de los fideicomisos pero que para la próxima semana se "acomoda". Andrés Manuel ha acumulado todo el poder en su persona y está destruyendo nuestras instituciones. México se convierte en un autoritarismo. ¿No se dan cuenta?
@eduardguezh