Falla FGR al imputar peculado en la Estafa Maestra
La Fiscalía General de la República (FGR) falló en su primer intento por fincar un desvío de recursos en la Estafa Maestra.
Un juez federal resolvió no vincular a proceso a dos directivos de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH), por un presunto peculado de más de 186 millones de pesos, derivado de convenios con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en 2015.
Eligio Valdenegro, juez del Centro de Justicia Penal Federal de Cintalapa, Chiapas, determinó que no hay elementos para procesar por este delito a Rafael Zozaya Nucamendi, director de Recursos Materiales e Infraestructura, y Rigoberto Jiménez Jonapa, secretario administrativo, ambos de la UPCH.
A diferencia del resto de los casos de la llamada Estafa Maestra, este es el primero donde la Fiscalía imputa el delito de peculado, es decir, el desvío de los recursos del erario.
Las causas penales anteriores habían sido por ejercicio indebido del servicio público, falsedad en declaración y uso ilícito de atribuciones y facultades.
De acuerdo con informes de la FGR, los datos de prueba ofrecidos acreditaron la participación de los imputados, pero no en esa conducta delictiva, sino en uno distinto que pudiera ser fraude.
Por separado, fuentes del Poder Judicial de la Federación indicaron que el juez determinó que no era procedente reclasificar el ilícito porque se necesitaban otros datos del hecho denunciado.
La FGR imputó que, a través de cuatro convenios específicos firmados en octubre de 2015 por la Sedatu con la UPCH, fueron desviados 186.1 millones de pesos.
La obligación de la UPCH era entregar a la Sedatu un análisis de zonas económicamente exclusivas y diagnósticos de ordenamiento territorial y asentamientos de Puerto Chiapas; municipios de Michoacán y Guerrero, colindantes con Lázaro Cárdenas y del Corredor Interoceánico, en el Istmo de Tehuantepec.
La universidad subcontrató los servicios por adjudicación directa con la empresa Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados, S.C., por 81 millones 642 mil 800 pesos, que no los habría entregado.
La UPCH, agrega la imputación, se quedó con los otros 104 millones de pesos y compró una solución tecnológica denominada Big Data y dos camionetas.
El juez consideró que Zozaya y Jiménez no tenían los recursos a su disposición, además de que la existencia de las actas de finiquito recibidas por la Sedatu establecen que hubo recepción de "entregables".
La FGR ahora tiene dos opciones, apelar el fallo o reformular su investigación y presentar de nueva cuenta la imputación por el delito de fraude.