Un Fideicomiso Público es una entidad que el Gobierno federal, o alguna de las demás entidades paraestatales, crea con la intención de llevar a cabo un fin lícito y determinado, obteniendo desarrollo económico y social a través del manejo de recursos propiedad del Gobierno federal y administrados por una institución.
La extinción de los 109 fideicomisos públicos esta semana no es asunto nuevo. Los primeros fideicomisos se crearon en 1926 y adquirieron importancia en las décadas de los setenta y ochenta.
En septiembre de 2019 había cerca de 335 empleando cerca de 855 mil millones de pesos. La ley Federal de Austeridad Republicana de noviembre de 2019, contempló reordenarlos ya que muchos de éstos carecían de reglas de operación. Se dijo que las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público, analizarían su eficiencia y eficacia a efecto de su inclusión en el presupuesto de egresos de la federación. Los fondos públicos acumulados se depositarían en la SHCP.
El asunto quedó pendiente e instalada la 4T, el presidente de la República vió la coyuntura para atacar una y otra vez a sus adversarios. Firmó así el pasado 2 de abril un draconiano decreto disponiendo la eliminación de 109 fideicomisos y la entrega de sus recursos a la SHCP. El decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación y la prensa dio debida cuenta de ello.
Un simple decreto presidencial carecía de la firmeza deseada y había que reforzar la decisión. El pasado día 6 de octubre el presidente en su acostumbrada conferencia mañanera, dió un paso más comentando como se despilfarraba el dinero y quiénes se beneficiaban sin supervisión a "ladrones y gente deshonesta". Se trataba ahora de recoger recursos y tenerlos disponibles para usarlos en cualquiera emergencia de salud como, por ejemplo, la del coronavirus.
Fue así como al día siguiente [JF1] la bancada de Morena, mayoría en la Cámara de Diputados, tras una discusión de más de 19 horas, venció la oposición de los partidos PAN, PRI, MC, PRD y PT logrando la desaparición de 109 fideicomisos. El patrimonio de los 68,400 millones de pesos con que contaban, se entregaría al Gobierno. "Vamos a mostrar cómo se manejaban los fideicomisos, que no se roben esos fondos destinados al pueblo... El Gobierno va a "recoger todos esos recursos y entregarlos directamente. Nadie se quedará sin apoyo". La decisión se envió al Senado.
Contra la distorsionada versión del presidente, está la ancha gama de servicios que hace años vienen prestando: en campos de salud, asistencia social, cambio climático, investigación científica y tecnológica, actividades artísticas y deportivas y muchas más complementando al Gobierno en muchas áreas específicas de gran importancia nacional. Los recursos económicos y profesionales les llegan de donaciones personales, de instituciones mexicanas e internacionales generalmente vigiladas y auditadas.
Grupos de renombrados científicos, cineastas, escritores, artistas, académicos y cívicos vienen manifestando su firme oposición a la fulminante erradicación inconsulta e inaceptable. El senador German Martínez, de Morena, con sensatez, ha dicho que no votará en favor de la propuesta e insistirá en la revisión metódica, caso por caso, para asegurar que los fideicomisos que convengan sigan su aporte crucial a la sociedad.
Los fideicomisos cubren un sinnúmero de necesidades que no se atenderían sin esas entidades que canalizan importantes recursos monetarios no gubernamentales que de otra manera carecerían de destino social. Es la fórmula que ha lanzado a los países más desarrollados a su supremacía técnica, científica y artística en el mundo.
Vivimos tiempos secos. Hay que cuidar recursos y sacarle provecho a las energías con que contamos. Llamar a la austeridad y purgar con severidad a todas las corrupciones que lastran, no significa nulificar instrumentos, ni agredir el infinito potencial social y espiritual que hace fuerte a una nación. La administración pública tiene sus bemoles y nada hay peor que entregarla a gente inexperta que alienta en lugar de evitar desatinos presidenciales.
Los partidos de oposición dicen que con la desaparición irracional de instrumentos como los fideicomisos se pierde iniciativa independiente y que la dependencia del presupuesto anual los volverá sujetos a la terquedad del presidente o a los vaivenes de la política. López Obrador concentrará un antidemocrático control personal desdeñando la sana participación de la ciudadanía a la que ve con desconfianza y resentimiento.
En este juego de antecedentes contradictorios, nada hay que nos asegure que los recursos que urgentemente requiere el gobierno sean dirigidos, como este lo promete, a los servicios en peligro de quedar abandonados. La administración atrabancada empeora la tan visceral e impulsiva de este gobierno.