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Acuerdo con FMI, duda en Ecuador

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EFE

El acuerdo crediticio que Ecuador suscribió con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por seis mil 500 millones de dólares, deambula entre el alivio fiscal que busca el Gobierno de Quito y la posibilidad de un fracaso ante los tiempos electorales que vive el país sudamericano.

El Ejecutivo ecuatoriano, liderado por el presidente Lenín Moreno, ha depositado en el acuerdo toda su confianza, ya que le permitirá alcanzar un alivio fiscal e ir superando una crisis financiera deteriorada por el efecto de la pandemia del coronavirus.

Richard Martínez, un joven economista neoliberal, logró suscribir este acuerdo luego de que fracasara otro por cuatro mil 200 millones de dólares, con el mismo FMI, ya que no se pudo concretar la matriz de condicionalidad planteada por el organismo.

Tras firmar el nuevo acuerdo, Martínez abandonó su cargo al frente del Ministerio de Economía y Finanzas para optar por un puesto en el Banco Mundial, en un momento en que Ecuador inicia un proceso electoral que podría trastocar los planes gubernamentales.

Un exministro de Economía, Mauricio Pozo, reemplazó a Martínez y de inmediato dijo que convocará a un diálogo con diversos actores de la sociedad para explorar consensos que permitan aplicar el programa económico del Gobierno, sobre todo el sostener la dolarización adoptada en el año 2000.

Pozo reconoció que las reformas estructurales que se plantean podrían ser discutidas en la próxima legislatura, aunque no descartó explorar posibilidades en su periodo al frente del ministerio.

"Promover diálogos nacionales para impulsar reformas urgentes" es la táctica anunciada por Pozo que, sin embargo, tendrá apenas siete meses para lograrlo, ya que ese es el tiempo de vida que le queda al Gobierno de Moreno.

Pozo ya recibió el primer desembolso del FMI por dos mil millones de dólares y, por ello, le es imperativo iniciar su gestión para dejar, como ha ofrecido, "una economía en orden" al gobernante que surja de los comicios presidenciales del próximo 7 de febrero.

Para el economista y académico Pablo Dávalos, el tiempo político corre en contra del acuerdo, pues será muy difícil que los grupos políticos de la Asamblea Nacional (Parlamento) aprueben reformas impopulares que pongan en riesgo ciertos intereses electorales.

EFE

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