Sin definir, denuncias penales por cuentas públicas
Ya está en curso la revisión de las cuentas públicas 2019 y aún hay procedimientos abiertos con relación a las cuentas públicas de 2018, cuando no fueron aprobados los dictámenes de 10 entes fiscalizables.
El presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, Pablo César Aguilar Palacio, informó que ya se abordó el seguimiento a las cuentas públicas 2018 con el nuevo auditor estatal ya que algunos alcaldes presentaron documentación por lo que el monto de observaciones podría bajar.
"Creo que algunos alcaldes han estado solventando algunas de las observaciones porque faltaba alguna documentación comprobatoria o justificativa y es lo que nosotros vamos a analizar y tendrá que proceder", dijo.
Por lo que consideró prioritario establecer cómo se deben integrar los expedientes para que no haya problemas a la hora de que la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE) los revise.
SIGUEN PENDIENTES
Las cuentas públicas 2018 de 10 entes fiscalizables no fueron aprobadas por el Congreso del Estado el año pasado por haberse detectado inconsistencias de consideración.
Se trata de los municipios de Canelas, Hidalgo, Mapimí, Otáez, Pánuco de Coronado, Pueblo Nuevo, San Bernardo, Súchil y Tlahualilo, además de la cuenta pública del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) que, aunque no excedió el 15 por ciento de su presupuesto en observaciones, tuvo un monto de 18 millones de pesos observados.
Vale la pena recordar que el de mayor porcentaje observado fue el municipio de Súchil, con el 50.82 por ciento, mientras que San Bernardo tuvo inconsistencias por el 19 por ciento del presupuesto autorizado.
Entre tanto, la cuenta pública del municipio de Pueblo Nuevo tuvo el 13.41 por ciento de observaciones, Tlahualilo el 13.74 por ciento, Otáez el 13.51 por ciento, Mapimí el 9.13 por ciento y Canelas el 8.43 por ciento.
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana tuvo observaciones por el 8.74 por ciento de su presupuesto, lo que equivale a 18 millones 700 mil pesos.
Estas cuentas públicas no fueron aprobadas por el Pleno del Congreso, por lo que continúa el procedimiento para determinar sanciones a los los exalcaldes y autoridades responsables, así como la posibilidad de denuncias penales.