Rechaza Chile política de represión
El Gobierno de Chile negó que haya existido por parte del cuerpo policial de Carabineros una política premeditada de reprimir a los manifestantes durante las protestas sociales que comenzaron en octubre del año pasado, tal como denunció Amnistía Internacional (AI).
"El Gobierno reitera con fuerza que no ha existido por parte de Carabineros una práctica o política premeditada o generalizada de uso de la fuerza con el fin o la intención de castigar a las personas manifestantes, como supone el informe en base a antecedentes de limitado alcance", expresó en un comunicado difundido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El texto también hace presente que AI no se refiere en profundidad en su informe a los más de 5,000 agentes policiales que resultaron lesionados durante las protestas a lo largo de más de 2,800 eventos graves que ocurrieron en el país.
A unos días del primer aniversario del llamado estallido social, AI denunció que los altos mandos de Carabineros permitieron que se cometieran violaciones a los derechos humanos y que "lejos de ser hechos aislados cometidos por funcionarios actuando por cuenta propia, los actos de violencia se habrían cometido en base a una política cuyo fin último era desalentar la protesta social".
En su respuesta, el Ministerio de Justicia afirmó que "ante todas las denuncias que se han presentado, el Gobierno de Chile ha apoyado permanentemente que estas sean debidamente investigadas, sancionadas y reparadas".
"Esto es lo que corresponde por parte de las instituciones en un Estado de Derecho democrático, pues ante violaciones de derechos humanos no puede haber impunidad para quienes cometieron o cometan delitos que así sean considerados por los tribunales de justicia", reza el comunicado.
En ese sentido, el Ejecutivo que preside Sebastián Piñera lamentó que el informe de AI "realice aseveraciones sobre hechos e informaciones que requieren ser actualizadas" por cuanto se encuentran actualmente siendo investigadas por la Fiscalía y en sede judicial.
El Gobierno indicó también que AI no recoge en su informe el trabajo ya realizado para la implementación de las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales.