Estudian toque de queda en España
El Gobierno español anunció este martes que estudia la posibilidad de imponer del toque de queda en todo el país como nueva medida para frenar la segunda ola de coronavirus, que en los últimas 24 horas dejó 218 nuevas muertes y 13 mil 873 contagios más, con lo que el número de infecciones desde el inicio de la pandemia se acerca al millón (988 mil 322) y la de fallecidos alcanza los 34 mil 210, de acuerdo a los datos oficiales.
Las cifras dadas a conocer este martes por el Ministerio español de Sanidad indican que, con diferencia, Madrid es la comunidad autónoma española que registra el mayor número de contagios nuevos (mil 358), por delante de Aragón (este), 713; País Vasco (norte), 613, y Navarra (norte), 578.
Esta última región supera ampliamente la incidencia acumulada en España en los últimos 14 días (casos por cada 100 mil habitantes), que es de 322 mil 94 frente 312 mil 22 del lunesr, mientras que la de Navarra se sitúa en un millón 002 mil 73 casos por 100 mil habitantes, de acuerdo a las cifras del Ministerio.
Por esos números y por otros indicadores sanitarios, esa autonomía del norte de España quedará a partir del jueves bajo medidas de confinamiento, cerrará la hostelería y no se permitirá la salida o entrada de personas durante 14 días, excepto en los casos excepcionales establecidos por obligaciones laborales, servicios esenciales o de urgencia.
Hoy, miércoles, quedarán confinados perimetralmente los 175 mil vecinos de la ciudad de Burgos, en Castilla y León, región la que pertenecen también Salamanca, León y Palencia, todas con limitaciones de movilidad desde la semana pasada. Este martes se unió también el municipio de Almendralejo (30 mil habitantes) y otras seis localidad de Extremadura, autonomía limítrofe con Portugal.
Esta medida afecta ya a más de 6.3 millones de personas, un 13.55 por ciento de la población española, y en hasta mil 741 municipios de todo el país están vigentes retrocesos a distintas fases de la desescalada, limitaciones a la movilidad y las reuniones y los citados confinamientos, así como otras normativas para frenar la transmisión de Covid-19.
Con estos números sobre la mesa, el Gobierno español anunció este martes que analizará con Madrid y otras regiones que lo planteen la posible aplicación del toque de queda para frenar la ola de contagios de coronavirus, que requeriría decretar el estado de alarma en todo el país o en parte del territorio, así como un suficiente consenso político, todavía incierto.
La figura del toque de queda, decretada en la actualidad en París y ocho áreas metropolitanas francesas, no está especificada en la legislación española y reabre el debate jurídico sobre cómo aplicarlo y sobre la limitación de derechos fundamentales.
En cualquier caso, el ministro español de Sanidad, Salvador Illa, confirmó en rueda de prensa que esa posibilidad está sobra la mesa del Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez, una vez que el Gobierno regional de Madrid la haya planteado públicamente al expirar el próximo sábado en esa región el estado de alarma que ha enfrentado abiertamente a ambas administraciones las últimas semanas.
Sin embargo Illa aclaró que el toque de queda está en estudio, que no es "inminente" y que sólo se adoptará si hay acuerdo con todas las comunidades autónomas y siempre bajo el estado de alarma, porque entiende que no hay otra opción jurídica.
De momento, sólo se conoce que el Ejecutivo encabezado por la conservadora Isabel Díaz Ayuso evalúa solicitar al Gobierno central un toque de queda entre las 00.00 y las 06.00 horas, pero sin estado de alarma, tal como avanzó este martes su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que reiteró la intención de las autoridades madrileñas de volver a las restricciones por zonas básicas de salud.
El toque de queda, que ya se aplica en París y otras ocho grandes ciudades francesas, en Bélgica y desde este jueves en la castigada región italiana de Lombardía, se va convirtiendo poco a poco en el último bastión ante el confinamiento domiciliario, del que huyen todos los países para no paralizar la actividad económica, aunque Gales y en parte Irlanda ya han roto ese principio.