Indígenas alzan la voz por demandas
La comunidad indígena otomí que reside en la Ciudad de México decidió levantar la voz con la ocupación de la sede del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) del Gobierno Federal, una toma que este sábado cumple 12 días exigiendo vivienda digna, salud, educación y trabajo.
También denuncian otros problemas de los pueblos originarios del país, como la violencia en sus comunidades, el despojo de sus tierras y la construcción de grandes obras de infraestructura impulsadas por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya en el sureste de México.
Entre las casi 100 personas que tomaron el lugar, hay unos 30 menores de edad, cuyas voces dan otro tono a un lugar que luce tapizado de carteles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la exguerrilla indigenista que se levantó contra el Estado en 1994.
Asimismo, todas las pertenencias de los trabajadores del instituto permanecen en su lugar, acompañadas por las colchonetas que usan los indígenas para dormir mientras esperan a tener una vivienda digna, una demanda de hace dos décadas.
"La comunidad otomí desde que llegó a la Ciudad de México ha tenido esa necesidad y corretear una vivienda por más de 20 años ha sido muy difícil", contó en entrevista con Efe Maricela, una de las cinco mujeres, junto con un hombre, que representan a la comunidad que ocupa el edificio.
Con la toma del INPI, tres edificios de Gobierno han sido tomados este año. El primero fue la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), por parte de familiares de desaparecidos, y la segunda, una sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por parte de madres de víctimas de feminicidios.
Estos otomíes provienen de la comunidad de Santiago Mexquititlán, en el municipio de Amealco, en el central estado de Querétaro, pero residen en la capital desde hace más de dos décadas aunque siempre lo han hecho en campamentos en terrenos baldíos o edificios abandonados sin servicios básicos.
Algunos vivían en el viejo edificio de la antigua embajada de la Segunda República Española, pero el poderoso terremoto del 19 de septiembre de 2017 terminó por "dejarlo inservible e inhabitable; entonces, eso nos dejó como única opción vivir en la calle para resguardar los espacios pero, sin servicios, ni condiciones", expuso Maricela.
"Peleamos por una vivienda digna, salud, educación y trabajo, que son derechos y como comunidad ese día dijimos: ya basta", señaló la mujer, quien acusó a la alcaldesa capitalina, Claudia Sheinbaum, y el titular del INPI, Adelfo Regino, de ignorar sus peticiones.