En política no hay enemigo pequeño; eso lo sabe bien López Obrador. Por eso me sorprende la forma en que ha gestionado su problema con los gobernadores. Lo que empezó como un desacuerdo fiscal está evolucionando en una verdadera crisis política. Mal haría el Presidente en no dimensionar esto.
Desde el inicio de esta administración hemos visto una dinámica claramente centralista. A cada uno de los gobernadores se le impuso un "súper delegado", que maneja a diestra y siniestra los principales programas sociales federales. También, se reorganizó el país para que el despliegue de la Guardia Nacional se asentara de forma permanente en los estados, en detrimento del poder estatal. A esto sumemos la destrucción del Seguro Popular -que se gestionaba localmente- por la creación del INSABI. Y no olvidemos la forma tan burda en que se les abandonó cuando estalló la pandemia: cada quien tuvo que rascarse con sus propias uñas, sin el menor margen de maniobra económico.
Todos estos agravios se acumularon y el punto de quiebre para los 10 gobernadores aliancistas fue la discusión del presupuesto, en donde vieron mermados considerablemente los recursos que reciben a través de los ramos 28 y 33, aunado a la desaparición de fideicomisos cuyos recursos eran fundamentales para la vida local. Para muestra un botón. Aquí en Durango, tan sólo por la desaparición del Fondo Minero, los municipios -quienes erogaban 2/3 partes del Fondo- recibirán 300 millones de pesos menos. Dinero que no se gastaba en obras faraónicas, sino en las cuestiones más elementales como drenaje y pavimentación.
Lo que hemos visto esta semana es consecuencia de todo lo anterior; pero, sobre todo, de un claro desdén de parte de López Obrador hacia la figura de los gobernadores. Parece que ya olvidó sus días como jefe de Gobierno del entonces DF. Hoy les dice a los gobernadores que no los recibirá por "cuidar la investidura" y los reta a probar su legitimidad democrática a través de consultas. Grave error. Se le olvida que "el pueblo" no le pertenece y que así como él tiene legitimidad democrática, los gobernadores también. Eso explica la reacción de los mandatarios locales de tomarle la palabra y consultar sobre el trato que la Federación dispensa a los estados.
Varios analistas han caído en el error de pensar que lo se está cuestionando es el pacto federal y eso ha sido replicado por algunos funcionarios y aplaudidores del régimen. No es así. Lo que los gobernadores reclaman es el trato indigno que reciben por parte de un Ejecutivo que ni los ve ni los oye. Que es reacio al diálogo y que se niega a aceptar la realidad: el recorte presupuestal sin reflexión afecta la vida cotidiana de millones de mexicanos.
El fondo del problema tiene dos dimensiones. La primera es que México requiere de un nuevo arreglo fiscal. El actual data de 1980, cuando se crea la Ley de Coordinación Fiscal (lo que se hizo bajo el Gobierno de Calderón fue simplemente modificar las fórmulas de reparto) y está totalmente rebasado. 'La segunda, y que es muy grave, es que el Presidente, de continuar con su andanada en contra de los gobernadores, puede despertar el sentimiento anticentralista que muchos habitantes de interior de la República tienen.
Este sentimiento tiene raíces profundas que llegan hasta los albores del siglo XIX. Basta despertar ese sentimiento "antichilango" para que el problema se profundice y empiecen a aflorar los reclamos regionalistas. Reclamos regionalistas que, de ignorarse, pueden generar una división entre los mexicanos en un momento en el que necesitamos todo lo contrario: solidaridad, empatía, unión. Y todo por la soberbia de un hombre que anda confundido: en el 2018 ganaron una elección, no hicieron la revolución. Punto.