Corruptelas en el Sistema Local Anticorrupción

Hace aproximadamente cinco años comenzó a hablarse en México sobre la implementación de un aparato anticorrupción, algo sumamente inverosímil para un país como el nuestro, tan peculiar en la materia. Un producto que difícilmente compraría una sociedad que da cuenta diariamente de los escándalos de corrupción, que casi siempre terminan en la impunidad.

Engendrado desde el hartazgo de una ciudadanía organizada y cada vez mejor informada que presionaba a una clase política deshonesta, vio la luz un sistema con el que se pretende coordinar a diversas instituciones del Estado para prevenir, detectar y sancionar irregularidades administrativas dentro de la función pública y más allá.

Nada más para hacer un poco más precisa la historia, fue un 19 de julio de 2017 cuando entró formalmente en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción, y a partir de esa fecha se han ido integrando los estados. Un año después únicamente 18 entidades de la República contaban apenas con comités de participación ciudadana, mientras el nombramiento de Fiscales se prolongaba entre debates y grillas.

En resumen y ya en pleno 2020, en ninguna entidad del país se conoce absolutamente nada de resultados positivos por parte de sus propios sistemas locales anticorrupción. Todavía es hora, en la mayoría de los casos, en que los ciudadanos nos enfrentamos a la falta de presupuesto por parte de los gobiernos estatales o, peor aún, a la falta de voluntad política de quienes conforman dichos sistemas.

El caso de Durango ha sido muy particular, donde a estas alturas la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción aún está en proceso de su construcción física como institución; no ha culminado el proceso de adquisición de recursos e infraestructura mínima para su operatividad y funcionamiento en todo el territorio estatal. Sin embargo, ya recibe denuncias y trabaja en la investigación de algunas de ellas.

Aun así, tanto Héctor García Rodríguez como la propia institución que representa han venido sorteando toda una serie de vicisitudes, la más reciente, la vinculación a un proceso judicial por autoridades federales, esto derivado de una investigación que incomodó a presuntos corruptores, según contempla el propio Fiscal Anticorrupción.

En ese sentido se hace entendible el que por cada callosidad pisada siempre habrá una reacción, pero hablar de corrupción dentro del propio engranaje que mueve a todo este aparato, esas son palabras distintas.

Uno de los ensambles de todo el Sistema Local Anticorrupción es la Secretaría Ejecutiva, donde a decir del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Luis Flores Martínez, la secretaria técnica, Lourdes Murguía Corral, tiene que ser destituida por haber incurrido en distintos actos irregulares. Sí, corruptelas dentro de un modelo creado para combatirlas.

Y es que resulta que, entre varios, uno de los señalamientos consiste en la malversación de un subejercicio de 312 mil pesos, mismos que habrían sido destinados al pago de bonos y gratificaciones para trabajadores de dicho Sistema, cuando el dinero debió regresarse al Estado ya que fueron recursos que no se gastaron por parte del organismo.

Otra de las anomalías señaladas es la supuesta asignación directa de plazas vacantes, como la Dirección de Asuntos Jurídicos, la Dirección de Planeación y Políticas Públicas, ambas áreas que, por ley, deben concursarse para que así profesionistas y ciudadanos se inscriban, para luego ser evaluados y que de ahí sean seleccionados los perfiles más aptos para ocupar dichos cargos.

EN LA BALANZA.- Total que la indeseable corrupción podría estar infectando hasta el mismísimo centro del sistema local. Y digo podría porque toda vía falta dar seguimiento y constatar que los señalamientos hechos se trasladen a denuncias bien y perfectamente integradas. Porque aunque pareciera mínima la cantidad en cuestión, así sea un solo peso malversado, es corrupción. Así como el hermano Pío de López Obrador, al que, dicho sea de paso, ya absolvieron.

Twitter: @Vic_Montenegro