El arresto del miembro del Parlamento y exvicepresidente de Surinam Ashwin Adhin provocó nuevas tensiones en la Asamblea Legislativa entre el Partido Nacional Democrático (NDP) del expresidente Desi Bouterse y el gobernante Partido de la Reforma Progresista (VHP), en el poder desde el pasado mes de julio.
El líder del NDP, Rabin Parmessar, cuestionó el arresto de Adhin, además de censurar las declaraciones del ministro de Justicia, Kenneth Amoski, quien confirmó la detención del exvicepresidente.
Amoski dijo que el arresto se llevó a cabo tras acuerdos con la Fiscalía por parte de su abogado.
Dijo que Adhin también debía haberse presentado ante las autoridades el lunes, pero que no lo hizo y que por lo tanto fue arrestado para su procesamiento.
Parmessar dijo que Adhin fue contactado de forma inmediata y que mañana podría ser el turno de cualquier otra persona dadas las formas y maneras que promueven las actuales autoridades del país sudamericano.
El presidente de Surinam, Chandrikapersad Santokhi, dijo por su parte que su gobierno no interferirá en el proceso judicial después de que Adhin fuera arrestado como parte de una investigación sobre la supuesta eliminación de datos gubernamentales después de que su partido perdiera el poder en las elecciones del pasado mes de mayo.
Santokhi dejo claro que el poder judicial es independiente y el gobierno no intervendrá en asuntos que afecten al Ministerio Público.
"Sobre la base de declaraciones, el Ministerio Público ha considerado necesario detenerlo como sospechoso", dijo Santohki al Parlamento.
El VHP de Santokhi ganó las elecciones del 25 de mayo y después de que la nueva administración asumiera el cargo en julio, la Fiscalía ha intensificado las investigaciones sobre posibles delitos cometidos por políticos y funcionarios del anterior gobierno de Bouterse.
El exministro de Finanzas Gillmore Hoefdraad es objeto de una investigación por fraude y se cree que ha huido del país.
El partido de Bouterse subrayó que arrestar a un miembro del Parlamento que ha sido crítico del actual gobierno "es una grave violación de la democracia y también de los derechos de los miembros de la Asamblea Nacional".