Usan outsourcing 60 % de maquilas en La Laguna de Durango

El 60 por ciento de las empresas maquiladoras o armadoras en La Laguna de Durango recurren al esquema de outsourcing, señaló Patricia Corro López, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Gómez Palacio.

"Empresas de inversión extranjera, la mayoría recurren al outsourcing porque tienen esa seguridad y esa garantía de que van a estar operando dentro de la ley", explicó, "es que, como externo, que vengas y que tengas que contratar una serie de expertos en diferentes áreas para que te asesoren de qué manera pagar, de qué manera dar vacaciones, todo lo que te maneja una sola empresa, pues definitivamente optan por el outsourcing".

Señaló que, hasta el momento, no ha habido cierres, sin embargo, existe la confianza de que se pueda revertir esta situación, en términos de la iniciativa que envió el presidente, Andrés Manuel López Obrador, al Congreso de la Unión para eliminar este esquema.

"Que realmente no se generen ni cierres ni sanciones a ninguna de las empresas que trabajan con outsourcing porque ¿bajo qué cuestionamiento se dice que todos son corruptos? Pues no", expresó.

El presidente presentó una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con el propósito de prohibir la subcontratación laboral y establecer reglas a fin de que las personas físicas o morales contraten únicamente la prestación de servicios de carácter especializado o la ejecución de obras especializadas.

La Coparmex señaló que, con esta iniciativa, el Gobierno no acató el Convenio número 144 de la OIT que promueve el tripartismo y el diálogo social, mismo que asegura que las voces de las organizaciones de empleadores y trabajadores sean escuchadas. Sin embargo, la Administración federal está obligada por tratados internacionales a consultar y luego a decidir. Asimismo, según datos del Censo Económico 2019, se pone en una condición de indefensión a 4.6 millones de personas ocupadas en este país bajo esta modalidad e incluso podría afectar la competitividad del país en el marco del T-MEC.

Dicha iniciativa también tiene efectos fiscales adversos y resulta desproporcionada, ya que prohíbe la posibilidad de hacer deducibles del ISR y acreditar el IVA, catalogando tales actos como defraudación fiscal.

Sobre la iniciativa del Ejecutivo federal para regular el outsourcing, industriales advirtieron que "no es el momento", al tratarse de un escenario de empresas a punto del cierre y con una economía caída a causa de la pandemia por COVID-19.

De acuerdo con el IMEF, se pide al Congreso pensar en 7 puntos relacionados con el outsourcing:

1 Solamente una fracción de la población económicamente activa labora para empresas o establecimientos formales.

2 El combate al uso irregular y abusivo de la figura de la subcontratación no debe darse a costa de esquemas de subcontratación basados en buenas prácticas internacionales que acatan las leyes, respetan las obligaciones sociales y fiscales por parte de las empresas proveedoras y fomentan la inversión y el empleo.

3 La iniciativa o los dispositivos legales posteriores deben precisar el término "especialización" y sus alcances, ya que al prohibir la subcontratación también establece que no se considerará como tal la prestación de servicios o ejecución de obras especializadas.

4 El decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que es necesario contar con un periodo de transición para la migración de puestos de trabajo al nuevo esquema.

5 Evaluar el impacto de la Iniciativa en materia de competitividad y el atractivo de México como destino de la inversión y en el marco de los acuerdos internacionales aplicables.

6 Revisar la aplicación de la PTU ligada a esquemas de productividad, lo que podría impulsar diversos beneficios para nuestra economía.

7 Cuantificar el costo fiscal y evaluar el riesgo operativo en los tres órdenes de Gobierno ante la probable cancelación de puestos de trabajo basados en la subcontratación.