Diariamente son asesinadas más de quince mujeres en México, el encierro de los últimos meses ha causado estragos sociales en los cuales se había avanzado, poco, pero en sentido positivo; hoy sabemos que los feminicidios, delitos sexuales y la violencia familiar se han elevado sin precedentes.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se registraron más de 500 feminicidios en el primer semestre del 2020, sin embargo, organizaciones de mujeres tienen "otros datos", donde suman alrededor de 2500 asesinatos más. Todos de mujeres.
No importa si el aumento en los feminicidios los contamos en decenas, centenas o millares, es igualmente grave y representa una crisis de derechos humanos a la que el gobierno actual debe responder con políticas públicas participativas, integrales y medibles para erradicar las violencias contra las mujeres y las niñas.
Urge también que el gobierno escuche a las familias de las víctimas que fueron ultimadas, así como miles de historias de mujeres que exigen justicia porque son violentadas en su trabajo, en su hogar, en la escuela y hasta cuándo caminan por la calle. Las instituciones públicas responsables de brindarles atención, garantizar su acceso a la justicia y su derecho a una vida libre de violencias se han visto rebasadas y, hay que decirlo, en gran número de los casos encontramos negligencias y omisiones.
Figueroa lo puntualiza al señalar las órdenes de protección no otorgadas porque "no había lesiones" y no podía "acreditarse la violencia familiar"; medidas cautelares suspendidas durante la contingencia porque "no había suficiente personal"; mecanismos de protección ineficientes materializados en botones de pánico que "no sirven de nada, porque la policía ni llega o llega tarde"; ausencia para atender lesiones de violencia familiar en los hospitales porque "no son graves y ahorita lo más importante es el Covid-19, no podemos atenderle, váyase a su casa porque se puede contagiar". Lo anterior parece chiste, pero es anécdota; crónicas tristes pero reales; increíbles, pero más cercanas a su entorno de lo que usted cree.
Estas son historias que aún se pueden contar, hay otras, miles más, que se quedaron en el "tintero", ese que representa el "vacío" legal que genera la falta de voluntad por atender un problema grave en nuestro país, un país en el que reside la desigualdad y la discriminación, las mujeres y las niñas se encuentran expuestas a múltiples violencias estructurales y sistémicas, a la falta de oportunidades, a la pobreza, muertes prematuras, daños físicos, psicológicos, explotación, trata, a ser víctimas de feminicidios. La falta de acceso a la justicia, la impunidad, la omisión y la negligencia crean el escenario perfecto para edificar un país donde ser mujer o niña es sumamente peligroso.
En México y en Durango sigue prevaleciendo un sistema patriarcal que permea la política del Estado mexicano, tenemos un gobierno que desacredita las necesidades de las mujeres cuando lo único que piden es respeto a sus derechos humanos. Nuestros representantes se han enfocado desde hace mucho tiempo a administrar las violencias contra las mujeres creando múltiples organismos gubernamentales para atenderlas, pero se ha ignorado que con ello se fomenta aún más la impunidad y el incremento de las violencias en todos los ámbitos, sobre todo en el público, contra las mujeres, niñas y adolescentes.
No hay Estado de derecho para ellas. Las dependencias públicas son, estadísticamente, uno de los lugares donde se presentan más situaciones de violencia como acoso laboral y acoso sexual, de tal manera que, en lugar de construir "aparatos" que solucionen, están edificando "espacios promotores de abuso y violencia de género".
Desafortunadamente las carencias en México son muchas y de todo tipo, los campesinos solicitan recursos, los jóvenes necesitan oportunidades, la gente requiere empleos dignos; sin embargo, las mujeres, quienes representan más del 50% de los mexicanos, añoran justicia, no más, sólo justicia, porque para lo demás, se las han arreglado durante años. Necesitamos un gobierno que demuestre no con palabras, sino con hechos, y a través del presupuesto, su compromiso con la igualdad sustantiva y con el acceso y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes en todas sus diversidades y contextos.
Necesitamos un gobierno que garantice el desarrollo personal y el derecho de las mujeres, niñas y adolescentes a vivir libres de cualquier forma de discriminación y violencia, con la participación activa de la sociedad civil, requerimos un gobierno que se deje de "austeridades republicanas" en los temas más importantes del país, solicitamos que se construya y reparta el presupuesto con perspectiva de género y que fortalezca las instituciones responsables de eliminar las brechas de desigualdad.
En fin... necesitamos un gobierno muy distinto al que tenemos.
@eduardguezh