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La redefinición

SOBREAVISO

RENÉ DELGADO

Es un año más, sí, pero singular. En el 2021 se juega la redefinición nacional.

A lo largo de los próximos doce meses -claves los seis primeros- estarán en juego: la recuperación de la salud, el rescate de la economía, la relación con Estados Unidos, el inacabado marco jurídico de la administración, la correlación de fuerzas políticas y el régimen de partidos, el estado de ánimo social... en suma, el porvenir de la nación, así como el curso del sexenio.

De a tiro por mes, tal como recomienda el protocolo de estos días, será preciso tomarle el pulso y la oxigenación a la República. La polarización, la adversidad y la confrontación del año pasado serán un mal recuerdo ante la pesadilla que viene porque, naturalmente, las elecciones tensarán aún más la situación.

Tras el repunte de la epidemia que nunca fue domada y rebasó con mucho la catástrofe sanitaria pronosticada como el peor de los escenarios, la administración se juega, en la eficacia y eficiencia del suministro de la vacuna, la paciencia nacional sobre todo después de quedar al descubierto desatinos y contradicciones en la política aplicada para contenerla sin socavar, aún más, a la economía.

Del desempeño de las secretarías de Salud, Relaciones Exteriores y Defensa Nacional depende el efecto que la prolongada campaña de vacunación pueda tener sobre las elecciones de junio. Retrasos, carencias, tropiezos o un manejo sin pulcritud de ella influirán, sí, en el ánimo social, pero también en la actitud de los partidos y los gobiernos estatales opositores que, desde ya, cuestionan la estrategia de la inoculación.

Es, pues, una vacuna de doble filo con efectos colaterales y electorales.

En cosa de días, Joe Biden asumirá la Presidencia de Estados Unidos y, si bien el reajuste de la relación con ese país tomará tiempo, la agenda bilateral y el cambio en la estructura y en el equipo de la Cancillería mexicana presionarán tanto la actuación como la urgencia de enganchar la economía nacional a la resentida locomotora del socio y vecino del norte.

Dando por superadas las descortesías del Ejecutivo mexicano con el telefonema entre Biden y López Obrador de hace quince días y conforme a la versión oficial de esa charla, la cuestión migratoria, la contención de la epidemia, la revitalización de las economías de América del Norte y la seguridad en la frontera dominaron la conversación.

Temas importantes sin duda, pero no menos que otros de igual relevancia. La tensión prevaleciente en la cooperación para combatir el crimen, frenar el tráfico de drogas, el trasiego de armas y el lavado de dinero; la molestia de congresistas y empresarios ante la incertidumbre de la inversión en el campo de la energía; la presión por acelerar el ajuste de la política laboral mexicana en el marco del nuevo acuerdo comercial; las diferencias en el desarrollo de fuentes sustentables y no contaminantes de energía, así como la necesidad de contar con un mecanismo de alto nivel para dar seguimiento a esa variedad de asuntos pendientes de resolver, urgen una operación rápida y eficaz.

Aunados a la complejidad de la agenda bilateral, del lado mexicano se agregan la desaparición de la subsecretaría para América del Norte y el relevo en la Embajada de México en Estados Unidos, siendo que del nuevo entendimiento bilateral dependerá en algo la velocidad del rescate de la economía nacional.

En el establecimiento de los términos de la relación, el lopezobradorismo se juega una carta fundamental.

En febrero -si no es que antes- se retomará la actividad en el Congreso de la Unión, afrontando tres desafíos: concluir el marco jurídico requerido por el Ejecutivo para asegurar su proyecto; atender los pendientes sin que la gana reeleccionista de más del 88 por ciento de los diputados los contamine; y, por absurdo que suene, recalcular la pertinencia o no de concluir algunas reformas, considerando su efecto electoral e, incluso, diplomático con Estados Unidos.

Las reformas legislativas en trámite no son pocas y sí relevantes. La modificación de la Ley del Banco de México que golpea su autonomía y abre la posibilidad del lavado institucional de dólares de procedencia incierta, la reglamentación de la subcontratación laboral (outsourcing); la regulación del consumo de mariguana, la reforma a la Ley de la Fiscalía General de la República, entre otras.

Costos y beneficios políticos, electorales, económicos y diplomáticos influirán en el próximo periodo legislativo.

A la par de esos asuntos se desarrollará el más grande concurso electoral registrado en la historia, con dos nuevos ingredientes que, por no estar reglamentados, configuran una ecuación política no fácil de resolver: la reelección de diputados federales y la paridad de género en las posiciones en disputa.

Hay, además, otro elemento importante. Partido que pierda esta vez su registro no podrá participar en las elecciones del 2024. Será, pues, una competencia definitoria entre un incompetente conjunto de partidos quebrados que han hecho de las alianzas un matrimonio de interés o una ganga sin oferta, pero que, aun así, determinará si prevalece o no la actual correlación de fuerzas y la suerte del régimen de partidos.

Una contienda difícil, organizada por un Instituto donde a veces el protagonismo les gana a algunos consejeros y arbitrada por un tribunal hundido en el desprestigio.

Así, en junio estará en juego la mitad del poder en la República.

Cuanto ocurra o no -sobre todo, en el primer semestre del año- en esos campos sembrados de mina, definirá el porvenir nacional y el curso del sexenio. Un año difícil, de nuevo.

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Escrito en: Sobreaviso Estados, elecciones, nacional, política

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