Este primero de enero entró en vigor el salario mínimo que habrá de regir en 2021. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos estableció un aumento del 16 por ciento, con el cual pasó de 123.22 a 141.70 pesos diarios. Se confirma así la tendencia a la recuperación de su poder adquisitivo que se inició a partir de la actual administración, pues se suma al aumento de 16.2% en 2019 y de 20% en 2020. En conjunto, si tomamos los tres aumentos, el salario mínimo ha crecido en términos reales, esto es, descontada la inflación, 45 por ciento.
Para aquilatar la importancia de este cambio de tendencia, hay que remontarse hasta 1976 que es cuando el salario mínimo alcanzó su mayor nivel y de ahí en adelante cayó su poder adquisitivo de manera permanente hasta 2018, con unas cuantas excepciones en las que aumentó una proporción mínima. Así que en estos 41 años, el salario mínimo perdió un 74 por ciento de su valor real. Dicho en otras palabras, los trabajadores que perciben un salario mínimo podían comprar en 2018 sólo el 26 por ciento de lo que adquirían en 1976.
Lo que ocurrió entonces es que la gran crisis que agobia al capitalismo desde el inicio de los setentas, ya se había manifestado en los países altamente industrializados. Frente a la recesión de la economía internacional, las naciones de América Latina respondieron, para eludir la caída, aumentando aceleradamente su gasto público a fin de estimular sus economías. Y en efecto, lo consiguieron, porque durante la década de los setentas, a contrapelo de la crisis, las economías latinoamericanas continuaron creciendo. El problema fue que para financiar el incremento del gasto, recurrieron a la deuda pública, que también creció con igual rapidez.
México no fue la excepción y en 1976, al final del sexenio de Luis Echeverría, para mantener abiertas las líneas de crédito, se firmó una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, se inició entonces la injerencia de este organismo en el diseño de nuestras políticas económicas. Esa carta, fue ratificada por la administración de López Portillo, en el mismo diciembre de 1976.
El contenido de aquella primera carta de intención se mantuvo prácticamente en secreto, pero como nunca faltan las filtraciones, tuve el privilegio de tener en mis manos una copia fiel y ahí, entre otras medidas, como la liberación de precios, la reducción del gasto público y otras, se exigía el establecimiento de lo que se conocería como los topes salariales, que consisten en que los aumentos a los salarios mínimos, se coloquen siempre por debajo de los incrementos de los precios, o sea por debajo de la inflación.
Esa política se mantuvo por 41 años, los que van de 1977 a 2018, y no sólo afectó a los mínimos, pues el porcentaje de aumento a éstos sirve como determinante de los salarios contractuales, de manera que, en todo ese tiempo, apenas uno o dos sindicatos al año, lograron romper el tope salarial. Por medio de esta política, se consiguió una transferencia masiva de ingreso de los trabajadores a la clase empresarial, ya que los capitalistas gozaron de la liberación de precios, mientras se disminuía el salario real de los trabajadores. Ese fue uno de los principales mecanismos que pauperizaron a las clases trabajadoras y aumentaron la desigualdad.
Ciertamente, los aumentos al salario mínimo establecidos en la administración de López Obrador apenas han recuperado un 45%, y falta para alcanzar los niveles de 1976, pero es muy importante que hoy se haya abandonado la política de topes salariales y que ahora los aumentos superen ampliamente los porcentajes de inflación.
Profesora de la Facultad de Economía de la UNAM