La iniciativa de reforma a la Constitución de Coahuila, en materia de Derechos Humanos, que envió al Congreso del Estado el gobernador Miguel Riquelme el 28 de noviembre de 2020, es una maniobra de propaganda política y control. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un compendio de derechos fundamentales (a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad jurídica, etcétera), que han sido incorporados a constituciones de muchos países, incluido México; se trata de derechos del ciudadano frente al poder público, en los que las obligaciones correlativas son a cargo del gobierno.
La reforma al estatuto de Derechos Humanos que propone Riquelme, es parte de un proyecto que acarició el ex gobernador Rubén Moreira para hacer una nueva Constitución para el Estado de Coahuila, cuya pretensión es mantener al PRI de los Moreira en el poder, por tiempo indefinido. El proyecto no cuajó en aquellos días, pero dejó una herencia perniciosa en la llamada Academia Interamericana de Derechos Humanos de Coahuila, uno de tantos organismos "autónomos" creados para saquear a placer recursos del erario público, que es la fuente de origen de la Iniciativa de Reforma que nos ocupa, y que ha costado a los coahuilenses ciento dieciocho millones de pesos, tan solo de 2018 a la fecha.
Para tener idea del tamaño del ultraje institucional y el desprecio a la técnica jurídica que implica la propuesta llevada al Congreso, baste decir que las Constituciones de México y Coahuila vigentes, incluyen los Derechos Humanos en solo veintinueve de sus artículos, en los que tales derechos se definen mediante redacciones, breves, claras y contundentes. Lo anterior contrasta con los cuatrocientos cuarenta y seis artículos que propone adicionar la Iniciativa, mediante un texto abigarrado, repetitivo y ambiguo, hasta volverse incomprensible.
Se trata de una propuesta que hay que leer "entre líneas" para descubrir las intenciones que oculta tras un adornado autoelogio, de lo que al decir de la Exposición de Motivos, se ha logrado en Coahuila en materia de Derechos Humanos. De su lectura se advierte que el proyecto es un instrumento de propaganda en favor de los gobiernos emanados del PRI de los Moreira, y su propósito no es el de fortalecer los Derechos Humanos sino al contrario, someter su ejercicio al control del gobierno.
En la parte titulada "Reformas y Adiciones al Texto Constitucional" vigente, la Iniciativa somete el "genoma humano" (Artículo 7-B), al servicio de la investigación científica, con el pretexto de "mejorar la salud de toda la humanidad", lo que implica un tema novedoso y complejo, que debe tratarse con la participación de la ciudadanía y la opinión de expertos, para evitar el riesgo de tráfico comercial de material genético. En su Artículo 7-U, sujeta a las autoridades de Coahuila a la interpretación que en un caso concreto hagan "los organismos internacionales", de los tratados en los que nuestro país es parte, "con independencia de la participación del Estado Mexicano en el asunto...", lo que supedita los derechos humanos de los coahuilenses, a factores reales de poder con sede en el extranjero.
En la "Carta de Derechos Civiles" (Artículo 15), la Iniciativa transfiere los deberes de cumplimiento de los Derechos Humanos, que por naturaleza son a cargo del Estado y del Gobierno, y en forma increíble los convierte en obligaciones de los ciudadanos y de "empresas" particulares. Las llamadas Cartas de "Derechos Políticos" y de "Derechos Culturales, Ambientales y Económicos", ofrecen una constante; a cada artículo que reconoce los diversos tipos de Derechos Humanos, siguen otras normas que restringen tales derechos, y a eso se debe la excesiva cantidad de artículos que integran la propuesta, ya que unos de tales artículos dicen una cosa que enseguida otros contradicen, en forma directa o mediante rodeos y ambigüedades.
El grupo en el poder en Coahuila, desde hace catorce años, ha permitido crímenes de lo peor en contra de los Derechos Humanos y como ejemplos, están la masacre de Allende en la que fueron asesinadas trescientas personas del 18 al 20 de marzo de 2011, el crematorio clandestino de la cárcel de Piedras Negras, en el que fueron muertas e incineradas ciento cincuenta personas entre 2009 y 2011, así como la estadística pavorosa de más de dos mil personas desaparecidas. Toda propuesta del gobierno del PRI de los Moreira en materia Derechos Humanos es vana, si no se acompaña de un esclarecimiento previo de los crímenes del pasado y de un castigo a los responsables, que rompa la secuencia de impunidad que denigra y tiene postrada a la sociedad coahuilense hasta el día de hoy.