Con Genaro y Felipe, el gran negocio estuvo hasta en las cárceles
El presidente Andrés Manuel López Obrador amagó ayer con cancelar los contratos a ocho penales privados que operan en el país, uno de estos en Durango, por considerarlos "abusivos", ya que durante los últimos nueve años el Gobierno Federal realizó pagos anuales por 75 mil 661 millones de pesos, correspondientes apenas al 36 por ciento del pago total, pues aún resta un monto de 190 mil 638 millones de pesos, sin que estos centros penitenciarios pasen a ser propiedad del Estado mexicano.
La apertura del sistema carcelario a la iniciativa privada, realizada en el sexenio de Felipe Calderón, ha representado desde entonces un negocio multimillonario para empresarios y políticos ligados todavía hoy al poder, cuyos nombres se reservó López Obrador, pero desde antes ya se han dado a conocer públicamente. Estos penales operan en Durango, Guanajuato, Coahuila, Morelos, Michoacán, Sonora, Chiapas y Oaxaca.
El 27 de diciembre del 2010 fue cuando el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro Garcia Luna -hoy preso en Estados Unidos bajo acusación de recibir sobornos de los cárteles y por otros delitos relacionados con el narcotráfico- contrató la construcción de los penales y la prestación de servicios penitenciarios a seis magnates por adjudicación directa, a través de siete contratos en esa fecha y uno que se suscribió tiempo después, todos con ganancias exacerbadas para los contratistas y un tremendo daño al presupuesto.
En cada contrato se especificó que las empresas tendrían el derecho de administrar los penales, sin incluir la seguridad, durante 22 años, es decir hasta el 2032 y algunos hasta el 2036 y 2037. Otorgan alimentación, servicio médico, mantenimiento, lavandería y actividades de relativo esparcimiento, pero nada barato para el estado; en promedio, cada reo en estos penales privados representa un gasto superior a los 4 mil pesos diarios, mientras que en un penal del estado cada interno cuesta menos de 500 pesos.
Los empresarios beneficiados al máximo con estos contratos son Olegario Vázquez Raña, por medio de su compañía Prodemex; Federico Martinez, con Tradeco; Hipólito Gerard Rivero, con GIA; Bernardo Quintana, en ese entonces con ICA; Eustaquio de Nicolás, con Homex; y Adrián García Pons, con Arendal. Después, en el 2013, la quiebra de Homex orilló a vender su concesión a Ideal, de Carlos Slim.
Obvio, si cada uno de estos contratos les fueron otorgados directamente por García Luna, sin licitación de por medio, necesariamente Felipe Calderón estuvo enterado y concedió su aval; por cierto, no ha dicho ni tuiteado una sola palabra desde que trascendió este nuevo hecho de abierta corrupción durante su mandato.
En la proyección a 22 años de algunos de estos contratos, son casi 200 mil millones de pesos los que aún se debe pagar a los seis magnates oportunistas, estrechamente vinculados a otros de igual calibre, entre estos Carlos Salinas de Gortari, cuyo cuñado Hipólito Gerard Rivero fue uno de los mayores favorecidos en estos años y quiere seguir siéndolo, por lo visto.
Ante tales excesos, López Obrador ordenó proceder en dos formas para evitar más despilfarro de recursos: primeramente llegar a un acuerdo con todos ellos para poner fin a cada uno de los contratos establecidos de manera inmoral; de lo contrario, entablar una demanda por la vía civil para no pagar esas cantidades que tanto perjudican al presupuesto de seguridad pública. Nada contentos deben estar ahora estos seis y quienes los han apoyado. Viene una nueva andanada de críticas hacia López Obrador, de seguro.
COLMILLOS Y GARRAS
A PARTIR DE ayer a las 8 de la mañana, invadieron las redes sociales las fotografías de médicos, enfermeras y demás personal sanitario recibiendo la vacuna contra el Covid-19. Este proceso de vacunación representa el comienzo de la salida a la crisis sanitaria, aun cuando faltan algunos meses para lograrlo. Este lote de 4,875 dosis fue el primero de los que se estarán recibiendo semanalmente.. TANTO EN DURANGO capital como en Gómez Palacio, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y Rodeo, se vacunó al personal sanitario en 14 módulos correspondientes a los hospitales Covid-19 del sistema estatal de salud, IMSS e ISSSTE. Dentro de los próximos 21 días, todos ellos recibirán la segunda dosis... EL PRESUNTO ATENTADO contra la representante de la Asociación Civil SOS Canino, Adriana N., quien desde hace años dedica gran parte de su vida al rescate y rehabilitación de mascotas, debe ser investigado a fondo por las autoridades correspondientes. El hecho de que intencionalmente le hayan hecho explotar su vehículo no es asunto menor; incluso su integridad física debería estar bajo custodia oficial. En Durango no deben permitirse estos actos que propician zozobra y temor en la sociedad; son acciones terroristas, propiamente.
Twitter @rubencardenas10