Ayer se dio la noticia de que la Fiscalía General de la República exoneró al señor general Salvador Cienfuegos de los cargos que le fincaron las autoridades de Estados Unidos y que motivaron una queja formal de México.
La queja al fiscal general William Barr surtió efectos y el 18 de noviembre el Departamento de Justicia de Estados Unidos retirara los cargos de narcotráfico y lavado de dinero por los que le enderezó a Cienfuegos, al que se le negó libertad provisional. Sería fácil, se dijo, escapar para una persona con conexiones políticas como las de Cienfuegos Zepeda.
Regresado a México, el importante personaje de la administración pasada ha quedado en libertad. No hay indulto porque para México no hay acusación. Se entiende pues que la procuraduría norteamericana acusó sin bases concretas al general exsecretario de la Defensa.
La reacción inmediata de Estados Unidos es insistir en que nuestro país es un confirmado narcoestado y que el mencionado general abusó de su posición para ayudar al Cártel de Juan Francisco Patrón, alias el "H-2", una escisión de los Beltrán Leyva, encargada de introducir miles de kilos de cocaína, marihuana, metanfetaminas y heroína a un ávido mercado. Presentado ante la corte, el general se declaró inocente.
Contra la posición norteamericana nuestra Fiscalía afirma que el general Cienfuegos "no sostuvo comunicación con ninguno de los mencionados, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos".
Como respuesta a la exoneración mexicana, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo saber que "si el Gobierno de México no lo hiciera, se reserva el derecho de reiniciar un proceso judicial al general Salvador Cienfuegos Zepeda por vínculos con el narcotráfico".
Se ha emplazado así una agria guerra de orgullos entre las dos instituciones encargadas de la seguridad. Mal principio para una relación que se renueva con la accesión del presidente Biden, que por la gravedad de las circunstancias en ambos países tiene que articularse en miles de detalles cotidianos de toda índole. No realizar la obligada relación con la máxima cordialidad y eficacia posible solo aprovecha a la delincuencia organizada cuya marca es la violencia que se desata en México.
El resultado está a la vista con el aumento de la violencia que podemos esperar continúe espoleada con el aumento en los sectores sociales abandonados en México.
La debilidad que se percibe en los Gobiernos de muchos países juega en favor de la delincuencia mundial organizada dotada de un armamento sofisticado. La superioridad de sus efectivos está comprobada a diario en nuestro país. La única vía de solución comienza con la estrecha coordinación entre los dos países, pero la nueva etapa que se inaugura la próxima semana se ve sin cordialidad, en un tono de seca animadversión.
La acusación contra Cienfuegos se dio en el contexto de una errática agresividad contra México que el presidente Trump desató y que siguió a lo largo de su gestión en la Casa Blanca con insultos y el absurdo muro fronterizo aún en construcción y que ahora Biden tendrá que disimular.
Hay, empero, otros asuntos que son de acuciosa trascendencia, como el de la urgencia de controlar mancomunadamente la epidemia que a ambos asuela, la atención a la constante y patética corriente migratoria que atraviesa nuestro suelo rumbo al norte, o el complicado monitoreo de nuestras condiciones laborales que establece el T-MEC para igualar los ingresos de los trabajadores sindicalizados de los dos países.
Todavía más impertinente es la carta de los secretarios norteamericanos de Estado, Energía y Comercio dirigida a sus colegas mexicanos, haciendo notar su preocupación por la inestable política de AMLO y demandando ajustarlas a lo que requieren las inversiones privadas en energía.
¿A qué juegan los dos vecinos enfrentados poniendo en peligro asuntos que no pueden dejarse al azar? Juegan con fuego. Los pretextos sobran para romper la convivencia. Los costos son más altos que nunca.