Avalan en Nicaragua ley que rechazan bancos
La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, de mayoría absoluta sandinista, aprobó este miércoles una reforma a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, que es rechazada por la banca privada con el argumento de que pone en riesgo al país de pasar de la lista gris a la lista negra que impone el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La enmienda, que prohíbe a la banca cerrar cuentas a los usuarios de manera unilateral o sin notificar la causa, fue aprobada con el voto de 74 diputados del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y sus aliados, frente a 14 que votaron en contra, dijo en el pleno el titular del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras.
Según la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), esa norma viola el derecho a la libre empresa, promueve prácticas que incitan al lavado de dinero, y expone a Nicaragua a quedarse fuera del sistema financiero global.
Durante el debate, el legislador Byron Jerez, aliado de los sandinistas en el Congreso, explicó que la enmienda busca que el sistema financiero no cierre las cuentas de aquellos nicaragüenses que sean sancionados por Estados Unidos, ni la de sus familiares.
"Los bancos no podrán tomar represalias ni contra mí, ni contra ninguno de los compañeros, ni contra nuestros familiares, cerrando cuentas bancarias", dijo Jerez, que fue director general de ingresos durante la Administración de Arnoldo Alemán (1997-2002) y estuvo preso por corrupción.
Estados Unidos ha sancionado a cerca de 30 funcionarios nicaragüenses, incluido a la esposa del presidente del país, Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, y tres de sus hijos, y un consuegro, que también es el director de la Policía Nacional; así como nueve instituciones o empresas ligadas a los sandinistas, en el marco de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018.
Jerez criticó a la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), cuyos directivos, afirmó, son los dueños de los bancos que operan en el país, porque del 2007 al 2017, movieron 3 mil 500 millones de dólares "supuestamente ilícitos" de la empresa mixta Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa) y financiada por el Gobierno venezolano, que fue sancionado el 28 de enero de 2019.