Gobierno mexicano niega monopolio con reforma eléctrica

El Gobierno mexicano negó ayer jueves el regreso de un monopolio del Estado con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que esperan que avance en el Legislativo.

"No se está promoviendo el monopolio, no es un monopolio porque está precisamente la iniciativa privada y las empresas privadas dentro de este sector ya están", manifestó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en la rueda de prensa diaria de Palacio Nacional.

La secretaria se refirió a la propuesta que el presidente envió el lunes al Congreso para que el despacho eléctrico priorice a las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE sobre los generadores privados de renovables y por último las de ciclo combinado.

La iniciativa preferente, que debe discutirse en 30 días, también obligará a revisar los contratos ya otorgados, eliminar las subastas eléctricas y restringir el autoabastecimiento.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) llamó a esta reforma una "expropiación indirecta" mientras que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió de una "industria eléctrica monopolizada", algo que rechazó la secretaria.

"No es monopolio, es rectoría del Estado y en este momento la rectoría del Estado el presidente ha decidido que sea a través de la CFE y que esta empresa del Estado nos proporciona a los mexicanos la estabilidad, la continuidad y la confiabilidad en el sistema eléctrico", argumentó.

Las declaraciones de la secretaria se producen un día después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales más de 20 disposiciones de la política que la Secretaría de Energía (Sener) emitió el año pasado con lineamientos similares a los de la iniciativa.

Sánchez Cordero, quien fue ministra de la Corte, rechazó que esto afecte el avance de la reforma en el Congreso.

La titular de la Secretaría de Gobernación también rechazó que la reforma afecte a los acuerdos comerciales, en particular al nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).