El presidente López Obrador presentó una iniciativa preferente mediante la cual busca modificar la Ley de la Industria Energética para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pero también implica el suministro o despacho de energía eléctrica más cara en todo el país.
Actualmente, derivado de la reforma energética impulsada en el periodo de Enrique Peña Nieto, la participación de empresas privadas en la generación de energía y abastecimiento de la misma está regulada por la Ley de la Industria Energética, así como por la Comisión Nacional de Competencia Económica; esto asegura que los precios a los que CFE adquiere energía sea justo, legal y se cumpla el principio de despacho económico, es decir, que la energía eléctrica más barata se despache primero.
El Presidente quiere modificar el orden en el que se despacha energía para que el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) no utilice la energía más barata primero, sino, en primer lugar, despacharía la energía de las hidroeléctricas de la CFE, seguida por la que se genera en las centrales eléctricas de ciclo combinado -que también son propiedad de CFE- y, por último, las otras energías renovables como la solar y la eólica que producen empresas privadas.
¿Cuál es el problema si, a primera instancia, se está fortaleciendo una empresa nacional por encima de los intereses de particulares? Si traducimos lo anterior en términos monetarios: el precio por generación de energía por combustóleo ronda los dos mil pesos por megawatt, la energía generada con gas natural o ciclo combinado está alrededor de novecientos pesos por megawatt y el costo por megawatt de energía solar o eólica está en quinientos pesos.
Optar por la propuesta de López Obrador se traducirá en precios más altos para los consumidores porque evidentemente la luz eléctrica costará más a menos de que el Gobierno subsidie esta decisión. El subsidio ocurre cuando el Gobierno pone una parte del costo del recibo de la luz (algo que ya se hace, pero que incrementaría exponencialmente).
Siendo realistas, los subsidios también forman parte del dinero de los mexicanos y lo deseable en tiempos tan complicados como el que vivimos es que el dinero público se utilice para inversión que genere condiciones para más y mejores empleos... no encareciendo energía para después subsidiarla.
Quienes sí se verán afectados, en caso de aprobarse la iniciativa, son todos aquellos empresarios que se autoabastecen de energía a partir de contratos con privados ya que la CFE los obligará a "comprarle" la energía eléctrica a ellos, una energía, como ya lo comentamos, mucho más costosa.
Respecto a este tema, coincido con Fausto Hernández cuando afirma que "la competencia económica transfiere más dinero a la gente que los programas sociales". ¿Cuál es el afán de monopolizar una industria que se ha vuelto más eficiente con la participación de particulares?
La competencia económica beneficia al consumidor final porque "abarata" el costo de las "cosas". Hace veinte años un plan tarifario de celular costaba alrededor de 900 pesos; hoy obtenemos lo mismo por 300 pesos. La competencia favoreció directamente el bolsillo de la gente.
La primera televisión de plasma que llegó a México fue en el 94, y era de 15 pulgadas y su precio fue fijado en 220,000 pesos. Hoy una pantalla con mucho mejor tecnología y del mismo tamaño cuesta alrededor de 3,500 pesos. Esto fue posible por la combinación de tres elementos: mejora tecnológica, apertura comercial y competencia económica.
Un aspecto poco apreciado de la competencia económica es que crea mucho empleo. Con competencia se crean empresas y con ello empleos. Esto, de nueva cuenta, beneficia a la población.
Monopolizar la energía eléctrica o cualquier otro servicio no es el camino correcto; tal vez sirva como labia para enriquecer un discurso nacionalista lleno de patriotismo, pero, en los hechos, afectará el bolsillo de las personas. Que no le quepa duda: la competencia genera mejores productos, mejores servicios y mejores precios.
@eduardguezh