Tren Maya, obra que despierta críticas
El Tren Maya, el principal proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador para el sureste mexicano, ofrece un viaje al desarrollo pero también despierta críticas entre expertos y pueblos originarios por el temor a una mayor explotación medioambiental y laboral.
El Tren Maya, cuya construcción comenzó en junio de 2020, recorrerá a partir de 2023 cerca de mil 554 kilómetros en siete tramos con 19 estaciones para transporte de pasajeros locales, turistas y carga en los cincos estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
El Gobierno estima una inversión total de más de 6 mil 294 millones de dólares para la obra, de los que este año se ejecutarán 41 mil 852 millones de pesos (más de 2 mil 092 millones de dólares) y la creación de 80 mil empleos con la construcción de los primeros cinco tramos.
A este estimado, se añadirían 715 mil nuevos empleos de aquí a 2030 en los 16 municipios que tendrán una estación de ferrocarril y otros 150 mil empleos asociados en la economía rural, para totalizar casi un millón, según un estudio del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat).
La citada entidad del sistema de las Naciones Unidas también anticipó un incremento del 28 por ciento de la población originaria ocupada con respecto a 2015, al estimar que 46 de cada 100 personas empleadas serán de comunidades indígenas.
"Para el Gobierno es progreso, es desarrollo y eso significa más trabajos y más urbanización. Para nosotros como mayas eso implica que otra vez nos ven como mano de obra barata, implica especulación de la tierra y, por lo tanto, despojo", expresó este sábado a Efe Alberto Velázquez, de la asociación civil Indignación.
Velázquez cuestiona la calidad de los trabajos que tendrán los pobladores originarios: "Van a ser los que limpien los hoteles, los restaurantes, meseros. Van a ser básicamente, como dicen los compañeros, la gente que va a limpiar la mierda de los turistas", afirmó el antropólogo de origen maya.
El Tren Maya ha despertado la oposición de un sector de los pueblos originarios mexicanos, como el reciente pronunciamiento del Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno al anunciar un "combate contra los megaproyectos" del presidente.
"Las palabras mentirosas de López Obrador y su llamada Cuarta Transformación (de México) pretenden crear un muro que oculte la guerra que se arrecia contra los pueblos y la vida de la madre tierra, queriendo aislarnos y presentarnos como los opositores al progreso", denunciaron.
Aunque el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), creado por López Obrador, avaló la consulta pública, asociaciones civiles han conseguido recursos legales contra nuevas obras en tramos de Campeche y Yucatán por argumentar que las manifestaciones de impacto no estaban listas.
"Hubo bastantes deficiencias. ¿En qué sentido? Para empezar, el proceso de consulta para nada ha sido acordado con los pueblos, fue unilateralmente el Gobierno diciendo en qué fecha, en qué lugares, en qué tiempos, en qué modo", aseguró el miembro de Indignación, que obtuvo uno de los amparos.