Sopesan regular las redes sociales
El partido del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador abrió a debate público una propuesta para reglamentar Twitter, Facebook y otras redes sociales.
La nueva propuesta de ley presentada el lunes por el partido Morena de López Obrador contempla multas de hasta 4.4 millones de dólares a las redes por violar el derecho a la libertad de expresión de los usuarios. La ley se aplicaría solo a las plataformas que tienen más de un millón de usuarios en México, aparentemente cubriendo sólo empresas como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok o YouTube.
La propuesta permitiría a cualquier persona cuya cuenta sea bloqueada o cancelada apelar la decisión. Las apelaciones irían primero a los propios comités internos de la compañía, que tendrían 24 horas para confirmar o revocar la suspensión. Los usuarios podrían luego apelar a los reguladores de telecomunicaciones y, si no les parece su decisión, apelar a través de los tribunales mexicanos.
El senador Ricardo Monreal, líder del partido en el Senado, espera presentar el proyecto de ley para someterlo a votación en tres semanas.
"Una de las vertientes de afectación al ejercicio del derecho de libertad de expresión se da a través de la obstrucción del derecho a recibir información, bloqueando los contenidos generados, como han sido diversos casos recientes en Twitter", dice la propuesta según un borrador que Monreal publicó en su página.
La ley podría infringir el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el cual establece que "ninguna parte hará responsable a un proveedor o un usuario de un servicio informático interactivo debido alguna acción realizada voluntariamente y de buena fe por el proveedor o usuario para restringir el acceso o la disponibilidad de material que sea accesible o disponible a través de su suministro o uso de los servicios informáticos interactivos y que el proveedor o usuario considere dañino u objetable".
Monreal argumenta que, según el acuerdo, esa cláusula no se aplicará a México durante dos años y medio más, aunque presumiblemente invalidaría la ley después.
El proyecto de ley reconoce que las empresas tienen sus propias reglas de uso y comportamiento de la comunidad en línea, pero dice que "resulta necesario que dicho procedimiento se regule en ley, con el fin de que derivado de la determinación de los autorizados proceda un recurso administrativo o judicial, en su caso, esto con el fin de respetar también el derecho humano de acceso a la justicia de los usuarios".