Perú indemnizará a víctimas de esterilizaciones forzadas
Las mujeres peruanas que fueron víctimas de esterilizaciones forzadas durante el mandato del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) serán indemnizadas por el Estado después de que hayan sido incluidas dentro del plan de reparaciones para las víctimas del conflicto armado interno (1980-2000).
Más de 20 años después de ocurridos los hechos, el Estado peruano ha reconocido el derecho a una indemnización para aquellas mujeres que fueron sometidas sin su consentimiento a una ligadura de trompas en el marco del llamado Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar.
Esto fue posible gracias a la modificación de la ley del plan integral de reparaciones promovida por la excongresista indígena Tania Pariona junto a la organización feminista Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus).
"Con alegría comparto esta buena noticia", anunció Pariona tras la promulgación del nuevo texto del Plan Integral de Reparaciones (PIR), un programa para víctimas del conflicto interno que enfrentó a las fuerzas armadas con los grupos armados Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
En esa nueva redacción se especifica que también son beneficiarias de las indemnizaciones estatales las víctimas de "cualquier tipo de violencia sexual", lo que incluye las esterilizaciones forzadas que atentan directamente contra los derechos reproductivos.
"Es un hito que representa un gran avance. Por fin se inicia el anhelado camino en la búsqueda de reparación para compensar esta deuda económica, social y política irreparable", aseguró a la Agencia Efe la antropóloga Alejandra Ballón, coordinadora y editora del libro "Memorias del caso peruano de esterilización forzada".
Para Ballón, "las esterilizaciones forzadas en Perú son el crimen de guerra más grave que el Estado peruano cometió contra las mujeres indígenas, nativas, y migrantes internas descendientes de pueblos originarios en el marco del conflicto armado interno".
Después de más de dos décadas continúa siendo una incógnita la cifra exacta de personas, en su mayoría mujeres pero también una minoría de hombres, que fueron esterilizadas sin su consentimiento.