Plan antioutsourcing genera incertidumbre: especialista

La iniciativa para eliminar la subcontratación es poco clara en aspectos clave para las empresas, lo que genera incertidumbre y pondrá freno a las inversiones y a la creación de empleos, comentó Mary Carmen Fuertes, cónsul del despacho internacional de abogados Hogan Lovells BSTL.

Opinó que la propuesta del Ejecutivo no es clara en cuanto a qué se entiende por servicios u obras especializadas.

El proyecto establece que las empresas pueden contratar ese tipo de servicios siempre que no sean parte de su objeto social o actividad económica, pero no determina con precisión qué está permitido y qué no.

Muchas compañías en México operan bajo esquemas de subcontratación al interior de la organización (insourcing), a través de servicios compartidos, por ejemplo, de carácter legal, contable o de recursos humanos, que ofrecen sus talentos a las empresas que componen el grupo, elevando su eficiencia.

La posibilidad de que no puedan realizar este tipo de contratos elimina esas eficiencias, aunque cumplan con todas sus obligaciones laborales y patronales, explicó Fuertes.

La experta comentó que por eso es crucial precisar cuáles son las características que los servicios especializados deben tener para que el Gobierno les otorgue la autorización que señala la propia iniciativa.

"Al final todo va a depender de que la Secretaría del Trabajo emita una autorización para que se puedan permitir esos servicios u obras especializadas, pero no está claro cuál va a ser el estándar o el criterio que va a utilizar la autoridad para considerar un servicio especializado o no especializado", expuso.

Además, el criterio para esos registros todavía no existe (porque lo tendrá que reglamentar la Secretaría del Trabajo), generando más confusión a las empresas que no saben cuál va a ser ese estándar y qué pasos deben tomar para cumplir con la iniciativa.

"Si no se obtiene ese registro o se le revoca, las empresas van a tener problemas de deducibilidad del ISR y de no acreditar el IVA, e incluso de ser acusadas de defraudación fiscal e incluso de delincuencia organizada", detalló.

"Muchos clientes quieren cumplir con la iniciativa, pero la verdad es que todavía no es muy claro cuáles van a ser las reglas del juego", indicó.

REVISIÓN ESTRUCTURAL

Fuertes recomendó que las organizaciones revisen la estructura de la compañía, el objeto social de las empresas, los contratos de servicios que se tienen con terceros y tratar de identificar qué servicios se pueden mantener en términos de lo que establece la iniciativa y cuáles no.

Sin embargo, reconoció que las empresas se enfrentan a varios retos, porque no todos los trabajadores que son empleados a través de un tercero van a ser contratados directamente, y eso generará que haya despidos, lo que tendrá un impacto económico importante, considerando que se atraviesa por una situación complicada por la pandemia. "El tema es que muchas empresas están con la incertidumbre de qué va a suceder. Tienen que empezar a tomar decisiones y hacer planes sin tener claro todas las fichas y todas las cartas que van a tener a su alcance".

En su opinión, será complicado para las compañías tomar decisiones, porque tendrán efectos económicos fuertes, sin saber si el día de mañana van a cambiar la iniciativa, los requisitos y de repente todos los planes que se hacen no servirán.

"Creo que a las compañías les está costando mucho trabajo lidiar con la incertidumbre, por lo que muchas empresas han parado sus planes de contratar gente, servicios y hacer proyectos de inversión hasta saber qué va a suceder, y eso nos afecta a todos", finalizó Fuertes.