Perú estaba remecido por un escándalo donde funcionarios poderosos que no combatían en primera línea al coronavirus se aplicaron en secreto una candidata a vacuna china que después se compró, mientras que el gobierno anunció que investigará y destituirá a los que recibieron las dosis.
El escándalo generó frustración en el personal sanitario que trabaja en medio del desastre sanitario y salpicó al gobierno del presidente interino Francisco Sagasti y al del exmandatario Martín Vizcarra, quien gobernó hasta noviembre cuando fue destituido por presunta corrupción.
Los partidos en el Congreso opositor realizarán el martes un pleno donde decidirán si crean una comisión investigadora sobre la vacunación secreta de funcionarios luego que la noche del domingo la canciller Elizabeth Astete renunció tras admitir en una carta que a fines de enero se aplicó la vacuna en secreto porque “no podía darme el lujo de caer enferma”.
Astete, de 68 años, gestionó a inicios de enero la compra de un millón de vacunas de la farmacéutica estatal china Sinopharm. Días antes a su dimisión habían renunciado la ministra de Salud, Pilar Mazzetti y los dos viceministros de la secretaría de Salud, claves en la respuesta ante la pandemia.
Sinopharm realizó desde septiembre ensayos en fase tres de su vacuna experimental con 12,000 voluntarios en el país, pero envió 3,200 dosis más para regalarlas a los investigadores médicos locales. Fueron estas candidatas a vacunas las que se aplicaron en octubre en secreto a un grupo de privilegiados, entre ellos al entonces presidente Vizcarra y su esposa Maribel Díaz.
La convocatoria para participar del ensayo estaba abierta a cualquier habitante en Perú, excepto para aquellos con enfermedades previas como diabetes o hipertensión.
El 31 de diciembre de 2020, China aprobó la comercialización de la vacuna de Sinopharm tras concluir sus ensayos en fase tres con una eficacia de 79%, de acuerdo con datos de la compañía.
El escándalo generó indignación en un país marcado por la desigualdad, donde no hay oxígeno para miles de infectados que agonizan en casa porque los hospitales no tienen espacio para más pacientes y donde han muerto 43,703 por COVID-19, la mayoría gente sin privilegios y también funcionarios en la línea de fuego, entre ellos 310 médicos, 125 enfermeras y más de 500 policías.
“Se aprovechan de sus cargos, se confirma que la prioridad no fueron los colegas de las unidades de cuidados intensivos que enfrentan a la muerte 24 horas seguidas sin alimentarse, ni ir al baño”, dijo el lunes a The Associated Press Godofredo Talavera, presidente de la federación médica peruana.
“Entendemos por qué tardaron tanto en comprar las vacunas, no había apuro, ya estaban vacunados”, agregó el jefe del sindicato que por años pide mejores remuneraciones para los médicos.
El presidente interino Francisco Sagasti, que llegó al poder una semana después de la destitución de Vizcarra, dijo en la víspera a la televisora América sentirse “indignado y furioso por esta situación que pone en peligro el enorme esfuerzo muchísimos peruanos que trabajan en la primera línea de defensa contra el COVID”.
El nuevo ministro de Salud Oscar Ugarte dijo el lunes a la radio RPP que el presidente Sagasti ordenó una investigación para saber cuántos funcionarios se vacunaron y también anunció que los identificados dejarán sus puestos. Los resultados podrían conocerse la próxima semana, dijo.
Sagasti no cuestionó a la canciller ni a los ministros renunciantes, sino que dirigió sus críticas a la anterior gestión de Vizcarra, quien obligado por una revelación de la televisora local Willax, confirmó el jueves que él y su mujer se aplicaron en secreto la vacuna en el palacio presidencial en octubre. Vizcarra fue destituido el 9 de noviembre por presunta corrupción ligada a otros casos.
La canciller Astete decidió la compra de un millón de vacunas de Sinopharm el 7 de enero, cuyo precio es secreto por exigencias de la farmacéutica estatal china, y recibió a escondidas la primera dosis de la vacuna el 22 de enero y no se lo comunicó a sus jefes: el presidente Sagasti y la primera ministra Violeta Bermúdez. Sólo lo hizo público tras la confesión del expresidente Vizcarra.
La renuncia de la canciller también se convirtió en punta del iceberg de un escándalo creciente donde no se sabe aún cuántos altos funcionarios se vacunaron en secreto usando algunas de las 3,200 dosis chinas adicionales al ensayo que Sinopharm envió a Perú.
La tarde del lunes la embajada china en Lima dijo en una carta difundida en su cuenta de Twitter que no tiene información “de la identidad de los vacunados” y que rechaza los términos como “‘vacunas de cortesía, donaciones o prebendas utilizados por algunos medios de comunicación y las difamaciones a las cooperaciones de vacuna” entre Perú y China.
En Perú, Sinopharm fue la primera farmacéutica que inició en setiembre estudios de fase tres con una candidata a vacuna usando 12,000 voluntarios. Recién en diciembre AstraZeneca fue la segunda compañía que pudo iniciar ensayos avanzados y en 2021 lo hizo la alemana CureVac.
En el país hay frustración entre el personal sanitario que ha recibido las mayores bajas de su historia por el coronavirus, agravado por la indiferencia de los funcionarios que durante meses no les otorgaron equipos de protección adecuados y provocaron que cientos mueran infectados.
Mientras que otros países de la región, como Brasil o Chile, han sumado más de un millón de vacunados, en Perú apenas 68,000 trabajadores sanitarios han sido inoculados. La última semana grupos de médicos y enfermeras protestaron en diversos nosocomios del país porque pese a trabajar en la primera línea contra el virus no habían incluidos en la lista de vacunación.
“Lo mínimo que queremos es nuestra vacuna porque ningún sol hemos recibido del estado", dijo a la prensa el jueves durante una protesta la doctora Herlinda Ruiz en los exteriores de un hospital capitalino. “Estamos expuestos a morir y a veces ni almorzamos”.