El profundo rechazo de la ciudadanía peruana hacia su clase política ha encontrado su explicación más paradigmática en el "Vacunagate", un escándalo de vacunaciones secretas y "de cortesía" que benefició a una elite del poder mientras la población sufre el cruel embate de la COVID19.
Los peruanos asisten nuevamente indignados a una crisis política y social mientras una serie de revelaciones señalan que algunos de sus representantes (aún no se sabe cuántos en total ni quiénes exactamente) fueron vacunados fuera de control y criterio aparente con dosis de la farmacéutica china Sinopharm.
Estas vacunaciones fueron secretas, supuestamente aplicadas por tratos de favor o presiones políticas por autoridades del organismo que dirigía los estudios clínicos en el país y administradas a personas con poder para influir en las decisiones sobre la misma.
Todo lo que rodea este escándalo aporta argumentos para la profunda crisis de confianza entre el pueblo peruano y sus líderes políticos y desnuda los vicios de una relación en crisis: nepotismo, mentiras, falta de transparencia, aprovechamiento privado del poder público y posibles actos de corrupción en el contexto de una población que sufre y muere a causa de la pandemia y unos políticos que parecen apostar por el sálvese quien pueda.
Sinopharm, que inició en septiembre en Perú un estudio clínico de su vacuna, envió al país un excedente de unas 3.200 dosis, la mayor parte de las cuales iban destinadas al personal relacionado con las investigaciones.
De ese cupo, sobraban vacunas para unas 600 personas que aparentemente son las que fueron a parar en secreto y como "cortesía" a varios políticos.