Le dan más de mil millones al cuñado de Salinas por administrar un penal
Hace unas semanas, Andrés Manuel López Obrador anunció la posible cancelación de nueve contratos de adjudicación directa a la iniciativa privada durante el sexenio de Felipe Calderón, para construir igual número de reclusorios, los cuales representan un gasto al erario por miles de millones de pesos anualmente.
Pues bien, ayer se dio a conocer que Hipólito Gerard Rivero, mejor conocido como el cuñado de Carlos Salinas de Gortari, cobró más de mil millones de pesos en el año 2020 por operar una de estas prisiones, precisamente edificada por su constructora en el estado de Oaxaca, con capacidad para 2 mil 520 internos. Este pago duplica los 525.1 millones de pesos que gastó en el mismo año la Oficina de la Presidencia de la República.
Como se expuso en su momento, con Felipe Calderón y su empoderado secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se firmaron estos convenios con los grandes constructores del país y, desde entonces, han resultado un negocio redondo para estos multimillonarios, ya que el costo diario por la atención y resguardo de cada uno de los reos es de 3 mil 500 pesos diarios, cuando en un penal público se invierten menos de 500 pesos por el mismo concepto.
Se han pagado en todos estos años más de 75 mil millones de pesos y están pendientes 190 mil millones 658 mil pesos, con el costo proyectado de 266 mil 300 millones a pagar en el año 2035, o sea que fueron bastante generosos en ese sexenio panista con algunos de sus amigos constructores, como después lo sería Enrique Peña Nieto con los suyos, por cierto.
El argumento utilizado por García Luna para justificar "el gran robo" a los mexicanos fue que, ante la guerra contra el narcotráfico iniciada por ese régimen, habría demasiados detenidos y eran necesarios nuevos penales con las más altas garantías de seguridad, dada la peligrosidad de quienes ocuparían esos espacios, lo cual podría haber sido cierto, pero esa no fue la intención primaria para realizar el proyecto.
Total que ahora Gerard Rivero, quien preside el Grupo de Ingenieros y Arquitectos Asociados (GIA), cuenta con un jugoso contrato a largo plazo con el Gobierno Federal para la administración y mantenimiento del reclusorio federal de Oaxaca, lo que le permitirá obtener mil 51 millones 550 mil pesos este año. Este penal inició operaciones en el 2013, ya en la administración de Peña Nieto, quien jamás tocó o modificó tales contratos.
Bajo la figura de Asociación Pública Privada, el Gobierno Federal tiene una estimación de pago para el presente 2021 de mil 607 millones de pesos; en el 2022 de mil 816; en el 2023 de mil 880 y en el 2024 de 2 mil 114 millones de pesos. El edificio que alberga este reclusorio, junto con los otros ocho que conforman este proyecto de inversión privada siguen siendo de sus propietarios, no del Gobierno.
De hecho, uno de estos penales federales privados opera en Gómez Palacio, Durango; en tanto que otros se ubican en Sonora, Guanajuato, Morelos, entre otros. El costo anual por recluso en estas prisiones privadas asciende a un millón 200 mil pesos al año y la vigencia de cada uno de estos contratos es de 22 años, aun cuando se podrán negociar nuevas condiciones, según se asienta en cada una de las concesiones otorgadas.
Urge entonces impedir la continuidad de estos contratos leoninos a todas luces y que pierdan uno de sus grandes negocios quienes tan injustamente se han beneficiado los últimos sexenios en México. No te acabes, país. Al tiempo.
COLMILLOS Y GARRAS
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