Dictan medidas cautelares a 11 involucrados en represión armada de Cancún
En tanto se define su situación legal, una jueza de Control dictó diversas medidas cautelares a 11 personas que, el 9 de noviembre del 2020, desempeñaban diversos cargos en la Secretaría de Seguridad Pública de Cancún y a quienes se imputan los delitos de lesiones, abuso de autoridad, robo agravado, delitos contra los principios del sistema penal acusatorio y encubrimiento.
La Fiscalía General de Quintana Roo informó que, finalmente, se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación y solicitud de vinculación a proceso en contra de 11 personas, por su probable responsabilidad en los delitos ya mencionados, en agravio de periodistas y manifestantes que daban cobertura y participaban en una protesta ciudadana en contra de la violencia feminicida, en la explanada de Plaza de la Reforma.
Entre los imputados figuran el entonces secretario de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Benito Juárez (Cancún), Eduardo Santamaría; el subsecretario, el director, tres coordinadores, tres supervisores y dos elementos de esa misma dependencia.
Los 11 imputados se acogieron a la ampliación del término de 144 horas para definir su situación jurídica, por lo que la audiencia se reanudará el 28 de febrero.
En tanto, la jueza dictó tres medidas cautelares a los imputados, entre las cuales, no se menciona la prisión preventiva.
Las medidas cautelares son la prohibición de salir del país, de la localidad en la cual residen o del ámbito territorial fijado por la juzgadora, sin autorización.
La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares; y la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa.
El 9 de noviembre, más de 11 agentes de la policía municipal, coordinados bajo la modalidad de Mando Único, dispararon armas de fuego para disipar a una multitud de personas reunidas en Plaza de la Reforma, quienes protestaban en contra del feminicidio de Bianca Alejandrina, conocida como "Alexis" y de otros asesinatos en agravio de mujeres.
Como resultado se registraron 13 víctimas. Tres de ellos, heridos de bala -dos periodistas y una activista- y una decena de lesionados, entre las cuales siete jóvenes fueron abusadas sexualmente por elementos de la policía.
Lo sucedido derivó en la separación del cargo del titular de la Secretaría de Seguridad Pública y la apertura de investigaciones contra más elementos de la corporación.
También motivó que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo (CEDHQROO) emitiera la recomendación 20/ 2020 dirigida a la presidenta municipal, “Mara” Lezama Espinosa, derivada de la queja VG/ BJ/ 391/ 11/ 2020, la cual fue admitida por la edil, pero sólo se ha cumplido parcialmente, de acuerdo con los testimonios de las víctimas.
La recomendación de 10 puntos, señala que la corporación policiaca realizó un "uso ilegal y desproporcionado de la fuerza", para disuadir la protesta no armada.
"Contrario a la normatividad en la materia y a los protocolos de actuación, el entonces secretario de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez, al mando de la Policía Quintana Roo, ordenó dispersar la manifestación con uso de armas letales", concluyó el organismo garante de los derechos humanos.