Evalúan en Perú cárcel para expresidente Martín Vizcarra
Este miércoles arrancó la audiencia judicial para evaluar el pedido fiscal de 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020) por supuestamente haber recibido sobornos en la adjudicación de obras públicas cuando era gobernador de la sureña región de Moquegua.
En la primera jornada de esta audiencia virtual, la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado de Delitos de Corrupción de Funcionarios, escuchó los argumentos del fiscal y del abogado del expresidente.
Tras una sesión de más de siete horas, la jueza suspendió la audiencia, que se retomará el jueves, cuando se acabará de debatir esta medida cautelar solicitada por el fiscal anticorrupción Germán Juárez, quien ya logró que el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) pasase casi un año en prisión preventiva.
Vizcarra, actual candidato al Congreso, es investigado por los presuntos sobornos que habría recibido de las constructoras Obrainsa e Iccgsa para la licitación del proyecto Lomas de Ilo y del Hospital Regional de Moquegua, respectivamente, cuando fue gobernador de esa región sureña, entre 2011 y 2014.
TRES DELITOS Y 34 AÑOS DE CÁRCEL
El fiscal del equipo especial Lava Jato, Germán Juárez, sustentó durante la audiencia el pedido de 18 meses de prisión preventiva para el expresidente, imputado por los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio y asociación ilícita para delinquir.
En total, el fiscal ha estimado una pena de hasta 34 años de cárcel, una cantidad que supera de largo los cuatro años establecidos como los mínimos para sustentar uno de los requisitos para la prisión preventiva de los procesados.
La defensa de Vizcarra, representada por el abogado Fernando Ugaz, aseguró que no existen motivos para imputar al exmandatario por los delitos de colusión ni asociación ilícita.
"Lo que la Fiscalía está pretendiendo es un tema de cohecho", sostuvo el letrado, quien rechazó el pronóstico de la pena de 34 años que ha estimado Juárez.
La versión del Ministerio Público defiende que Vizcarra se benefició de "donativos indebidos" que ascendieron a un millón de soles (270,000 dólares) por el proyecto hídrico Lomas de Ilo y a 1.3 millones (350.000 dólares) por el hospital regional.