La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en riesgo de convertirse en el 'cuartel de invierno de las nulidades políticas'
En los lastimosos tiempos de Gustavo Días Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (integrada por 21 ministros) se convirtió en un deshuesadero político, a donde eran enviados todos aquellos políticos que ya no le eran útiles al sistema de partido de Estado; gobernadores defenestrados, exsenadores, políticos en desgracia que para mantenerlos ocupados eran nombrados por el Presidente de la República como ministros de la Corte y por supuesto eran incondicionales (diría López Obrador, ciegamente leales) al servicio del titular del Poder Ejecutivo Federal, de tal auerte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación cayó en absoluta desgracia hasta convertirse en el "cuartel de invierno de las nulidades políticas"
Luego el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León habría de implementar una primera gran reforma al Poder Judicial transformando este importante órgano jurisdiccional, garante de los derechos humanos, en un órgano dotado de plena autonomía, con elección indirecta de los ministros propuestos por el Presidente de la República y ratificados por el Senado de la República, con periodos de estadía escalonados para evitar que un pleno coincidiera con un sexenio completo del Ejecutivo Federal en turno y finalmente dotó a las SCJN de un Consejo de la Judicatura, órgano que no es otra cosa que un tribunal para juzgar a jueces y magistrados del propio Poder Judicial de la Federación.
Otra gran reforma otorgada al Poder Judicial fue el haberle dado la facultad de convertirse en árbitro entre diversos poderes o niveles de Gobierno, a través del procedimiento denominado "controversias constitucionales", lo que le otorgó a la SCJN la facultad de dirimir controversias entre los poderes de la Federación, entre los Estados y estos contra la Federación, y viceversa.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus ministros fueron ganando no solo prestigio, sino pleno respeto y credibilidad, no exento de algunos desaguisados, más de índole personal que institucional como los bochornosos y miserables hechos perpetrados por el brillante expresidente de la Corte don David Genaro Góngora Pimentel, contra su hijo, concebido fuera de legítimo matrimonio, a quien por autista le restringió la pensión que en legítimo derecho le correspondía.
Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nacional se ha convertido en el blanco de la pesada artillería presidencial, quien al enterarse de que el Poder Judicial de la Federación, y en especial el juez Juan Pablo Gómez Fierro, dieron entrada y aceptaron diversas solicitudes de amparo en contra de la mal llamada reforma a la Ley de Industria Eléctrica (LIE), montó en cólera y desacreditó a los jueces y al Poder Judicial en pleno, al grado de pedir formalmente al Presidente de la SCJN y al Consejo de la Judicatura que el caso del juez Gómez Fierro sea juzgado y castigado (al estilo mátenlos en caliente y después viriguamos), sin escuchar argumento en contrario, ni atender la presunción de inocencia, pues el pequeño Presidente quiere sangre y quiere la cabeza del juez Gómez Fierro para exhibirla en el Zócalo y que todos los integrantes del Poder Judicial se ciñan a los mandatos, deseos y delirios presidenciales.
En este exabrupto presidencial, el Sr. López dejó ver todo su talante dictatorial, pues ha dejado en claro que quien no está con él está contra él y si la ley o la SCJN están en contra del capricho presidencial, cual vil dictador, habrá de modificar la ley para que se prohíba el otorgamiento de amparos contrarios a los intereses del Presidente de la República.
En seguimiento a los desplantes, ocurrencias y caprichos presidenciales, una extraviada diputada federal morenista y muy "leal" al Presidente López ya presentó una ocurrente y ridícula reforma constitucional para "prohibir" que los ciudadanos podamos recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la vía del amparo directo, dejando en estado de indefensión a todos los mexicanos, y regresar a los tiempos del chacal Victoriano Huerta.
Para comezón y ardor del Presidente, tres de las suspensiones dictadas por el juez Gómez Fierro se aceptaron en definitiva, lo que deja sin efectos la nueva Ley de Industria Eléctrica.
Obvio el Presidente perdió el primer round; podrá ganar el segundo si desaparece el Poder Judicial de la Federación, que al parecer es su deseo más sincero y que pronto podría ser realidad por la vía del cuartelazo militar y a balazos.
En síntesis, los jueces del Poder Judicial de la Federación con su resolución protegen el derecho de los particulares y dan prioridad a la inversión privada, a la producción y comercialización de energías limpias (eólica, hidráulica, solar), al derecho que tenemos los particulares de instalar paneles solares en nuestras azoteas para generar y almacenar energía eléctrica para el autoconsumo y ahorrar pagarle exorbitantes cantidades a la Comisión Federal de Electricidad que por un foco y un refrigerador nos llega a cobrar hasta $800.00
Bien por el Poder Judicial de la Federación y por el juez Juan Pablo Gómez Fierro, a quien el tiempo y el derecho le dio la razón.
Toca a los mexicanos reflexionar sobre este episodio en donde el poder presidencial intentó avasallar al único poder autónomo he independiente que nos queda.
Debemos estar conscientes que votar por Morena no solo es una locura, sino un suicidio que nos llevará al paraíso en el que ahora viven Cuba y Venezuela. Es momento de que los ciudadanos mexicanos defendamos nuestra República y consolidemos la división de poderes y dejemos de ser la República del halago presidencial.
Salvemos nuestra República, fortalezcamos a nuestros jueces y evitemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación vuelva a ser el "cuartel de invierno de las nulidades políticas".