Piden sancionar violaciones a derechos humanos en empresas

Los diputados locales analizan una propuesta de reforma con la que se pretende fomentar el respeto a los derechos humanos en las empresas donde trabajan.

Se trata de una iniciativa con proyecto de decreto con la que se proponen reformas y adiciones a la Ley de Fomento Económico para el Estado de Durango en materia de derechos humanos, presentada por los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El documento refiere la recomendación general realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el 21 de mayo del año 2020, en la que se dirigió, entre otros, a los Poderes Legislativos de las entidades federativas considerando que el obtener mayores ganancias económicas por parte de las empresas es compatible con el respeto a los derechos humanos.

Además, afirma que se debe dar un giro a la óptica de las empresas para crear un modelo de actividad productiva empresarial que tenga como resultado beneficios para la propia empresa, para la sociedad y para el Estado.

En este sentido, la recomendación de la CNDH señala que se han identificado situaciones que propician violaciones a derechos humanos de grupos o colectividades, lo que ha obligado a poner en el centro de atención a las empresas como nuevo sujeto responsable de respetar las garantías individuales.

La iniciativa pretende añadir el artículo 78 Bis, para estipular que “en Durango toda empresa pública o privada que realice actividades económicas dentro del Estado deberá respetar los derechos humanos de los trabajadores a su servicio, al igual que los de aquellas personas que reciban algún bien o prestación de servicio por parte de dichas empresas, con las obligaciones y responsabilidades que deriven de ello; por lo cual en el Estado de Durango se reconoce a las empresas públicas y privadas como sujetos obligados a respetar los derechos humanos”.

Por lo tanto, si se llegara a comprobar la violación a los derechos humanos de los trabajadores o de algún particular por parte de las empresas señaladas en el párrafo anterior, se podría cancelar cualquier estímulo o incentivo fiscal de los señalados en esta Ley o no se le otorgará ninguno de ellos, según sea el caso, desde el momento de la comprobación de la respectiva violación hasta por un término de tres años.

Ante tal situación, se pretende que sea la CEDH la que, en coordinación con las empresas públicas y privadas de la entidad, proporcionen capacitación y orientación al personal que labora para las mismas con el fin de que atienda de manera efectiva el respeto a los derechos humanos en las relaciones laborales.