E N las últimas semanas algunos miembros del partido Morena han sorprendido por sus posturas políticas y electorales.
No sabemos si realmente se trata de un cambio de mentalidad o simplemente han decidido quitarse la máscara y dar la cara de manera abierta.
Empezamos por el presidente López Obrador quien hace unos días declaró --ante el asombro de los ciudadanos-- que el personal médico del sector privado tendrá que hacer fila y esperar su turno de acuerdo a su edad para recibir la vacuna contra el COVID-19.
Es decir si eres médico, enfermera o empleado del IMSS, ISSSTE, de algún hospital general o una clínica del gobierno tienes derecho a la protección de la vacuna, pero no así si trabajas para un hospital o consultorio médico privado.
La declaración de AMLO es a todas luces una discriminación por no decir que un ataque a los derechos humanos y todavía al día de ayer nadie se explicaba porque el primer mandatario no había recapacitado.
A ello hay que agregar la furia mostrada en las últimas semanas en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) por haber retirado la candidatura a la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio, entre otros aspirantes de Morena a cargos de elección popular.
Sin el mayor respeto a una institución ciudadana, López Obrador calificó la acción del INE como un atentado a la democracia al tiempo que Félix Salgado y el dirigente de Morena, Mario Delgado, lanzaban amenazas en contra de los consejeros electorales.
Cuando existen en México caminos legales para defenderse contra un abuso o exceso de la autoridad, los morenistas prefieren la descalificación, el ataque y la intimidación.
En el sector electoral tenemos al INE que funge como organizador y árbitro de los procesos electorales en México, pero también contamos con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se encarga de resolver controversias en materia electoral, proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos e impartir justicia en el ámbito electoral.
En Baja California, el gobernador morenista Jaime Bonilla cumplió esta semana su amenaza de expropiar el Club Campestre de Tijuana en un acto incomprensible y fuera de todo contexto político y social.
No existía demanda social alguna por este predio de 50 hectáreas que dicho sea de paso ha sido manejado eficientemente por un grupo de socios y que opera como campo de golf, club social y deportivo desde hace sesenta años.
Los afectados presentaron de inmediato una demanda de amparo ante un juez que ordenó la suspensión provisional de la acción expropiatoria.
Trascendió que el gobernador Bonilla tomó la decisión en represalia a su rival el ex alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, quien fue presidente y ha sido socio del club por muchos años.
Por fortuna Bonilla concluye su periodo en noviembre y se espera que el futuro gobernador dé marcha atrás a la expropiación, de lo contrario será fácil imaginar el desastre en que se convertirá este terreno que sirve como un pulmón para la ciudad sin costo para los gobiernos.
Para cerrar la pinza, allá en Nuevo León, donde se libra una dura batalla por la gubernatura, la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal morenista destapó una investigación en contra del ex gobernador priista Rodrigo Medina y sus hermanos por varios delitos.
Días antes trascendió que el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Samuel García, su esposa y familiares, estaban en la mira de la UIF por presunta defraudación fiscal.
Así las cosas y cuando faltan menos de dos meses para las elecciones es evidente que los de Morena están nerviosos y buscan a toda costa imponer su mando y poder. No se porque, pero con estos hechos vienen a nuestra mente las prácticas autoritarias de aquel viejo y repudiado PRI que ahora parece haber cambiado de nombre.
Noticia final...
Usted recordará que una de las críticas más incisivas en contra del presidente Donald Trump por parte de los demócratas fue la orden de separar a los hijos de las familias que eran detenidas en Estados Unidos al cruzar la frontera sin documentos. Hoy vemos a miles de menores llegar solos a la frontera y la pregunta es: ¿por qué permiten que crucen de Centroamérica a Estados Unidos pasando por México sin que nadie haga algo por evitarlo?
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