¡Pruebas gratuitas ya!
En lo que va de año, ascienden ya a más de 5,000 los contagios registrados por Covid-19 en el estado de Durango. Más del 60 por ciento de ellos, en la capital. Las cifras son absolutamente alarmantes y responden a una relajación de las medidas preocupante. Ni las administraciones públicas han incrementado las políticas de restricción de aforos o establecido controles más exhaustivos, ni tampoco la ciudadanía ha tenido durante las fiestas decembrinas el comportamiento ejemplar que se vio en fases anteriores de la pandemia. Estamos cansados, hartos de este virus. Pero bajar la guardia es la peor estrategia para lograr la victoria final.
Los datos oficiales asustan, pero más miedo da saber que probablemente existen miles de casos más de los registrados. Los números publicados sólo contemplan aquellas personas que, habiéndose realizado una prueba diagnóstica, han resultado positivas. El problema está en el alcance de los test, pues gran parte de la población no tiene posibilidades de acceder a ellos. La Secretaría de Salud, tanto federal como estatal, no es capaz de proveer a los hospitales e instalaciones sanitarias públicas de suficientes pruebas para ofrecerlas gratuitamente a la población. Por lo que la vía de los laboratorios privados para efectuarse el test suele ser la más rápida. Pero también la más costosa. El precio de una prueba de antígenos, la más básica para la detección del coronavirus, oscila en Durango entre los 400 y los 1,800 pesos mexicanos. Una variabilidad solo explicada por la voracidad de ciertos grupos empresariales que buscan hacer negocio aprovechando la crisis sanitaria que atravesamos.
Esta no es ya una cuestión moral, que nos hace reflexionar sobre la ética de quien pretende engordar sus beneficios a costa de la desesperación de una sociedad desprotegida y con miedo al futuro. Esta es una cuestión de derechos y de derecho. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango establece en su artículo 20 que "toda persona tiene derecho a la protección de la salud. El Estado, en el ámbito del Sistema Nacional de Salud garantizará los servicios de salud, en los términos dispuestos en la ley, los cuales deberán cumplir con los principios de disponibilidad, accesibilidad, transparencia, aceptabilidad, calidad, universalidad, equidad, eficiencia, eficacia y perspectiva de género". Además afirma que "por ningún motivo los establecimientos de salud, ya sean públicos o privados, ni los profesionales del sector podrán negar la asistencia necesaria en casos de emergencia. Dicha negativa será sancionada por la ley".
¿Se está actuando en esta materia siguiendo los principios de universalidad, equidad y eficiencia? ¿No es acaso esta una situación de emergencia sanitaria que requiere del máximo compromiso de todos? ¿No da la ley suficientes argumentos para proteger a los consumidores ante la creciente demanda de pruebas diagnósticas, convertidas hoy en un bien de primera necesidad?
Todos los niveles de gobierno, especialmente el federal, deben comprometerse en este tema y trabajar en dos sentidos: primero, para limitar y fijar un precio máximo a la venta de las pruebas diagnósticas, como se está haciendo ya en muchos países; segundo, para abastecer al Sistema Nacional de Salud de test suficientes que garanticen que toda la población pueda tener acceso a los mismos gratuitamente. La suficiencia de pruebas es una pieza clave para la prevención y el freno a la transmisión del virus. Garantizar que esta exista debe ser el compromiso de cualquier gobierno que proteja el mayor tesoro en un Estado del Bienestar: la salud pública.