Servidores públicos en campaña
A un mes de la jornada electoral y estando en marcha las campañas en los 39 municipios de nuestro estado, es importante hacer algunas reflexiones sobre el papel que deben de asumir los servidores públicos en este proceso electoral, al garantizar la imparcialidad de los recursos públicos, la equidad en la contienda y evitar presiones sobre el electorado.
Tradicionalmente, en nuestro sistema político, los servidores públicos eran entendidos como jugadores parciales, que buscaban influir el voto a través de sus espacios de poder, ya que respondían a los intereses políticos que los habían llevado a ocupar ese encargo, por lo que no era raro ver como las dependencias gubernamentales eran utilizados como casas de campaña alternas, sus programas eran ejercidos con fines electorales o incluso su personal era utilizado como voto corporativista.
Ejemplos hay muchos, desde la exigencia del jefe para que los subordinados votaran por determinado partido, obligándolos a que se apuntaran en una lista para que movilizaran a sus familiares, vecinos y amigos el día de la jornada electoral; el utilizar recursos públicos para campaña, como fotocopias, vehículos o incluso el tiempo de sus subordinados, quienes eran "comisionados" a campañas políticas; o la amenaza de que si un ciudadano no votaba en determinado sentido, ya no sería parte de determinado programa social.
A raíz de estas prácticas, y ante la exigencia de procesos electorales imparciales, nuestra de democracia se ha venido consolidando, por lo que hoy tenemos un marco legal más completo que incluye delitos y sanciones para los servidores públicos que quieran influir en el proceso electoral. Además de que tenemos una ciudadanía más informada y participativa que ha denunciado a los servidores públicos.
Por todo esto, hace ya algunas semanas, el INE aprobó criterios para garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda, así como para contribuir a evitar acciones que generen presión sobre el electorado durante los procesos electorales locales, documento que se ha venido haciendo desde 2008 y que en sus múltiples medidas nos desglosa y clarifica algunos principios legales.
Por ejemplo, la prohibición de difundir propaganda gubernamental de cualquier nivel de gobierno durante las campañas electorales; la obligación de todo servidor público de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos; o la utilización de programas sociales y de sus recursos, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato.
Finalizo con algunos puntos muy valiosos que contempla este documento y cuya lectura en su totalidad es ampliamente aconsejable para todo ciudadano: la prohibición de cualquier acto que obligue a revelar el sentido del voto emitido; la prohibición de difundir, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno de los resultados de la Jornada Electoral; la prohibición de entregar cualquier material en el que se oferte o entregue algún beneficio; la observación de que los programas sociales, así como los servicios y obras públicas que realiza
El gobierno, no pertenecen a ningún partido político y se pagan con los impuestos de todos; el que estar inscritos en algún programa social nos da derecho a recibir sus beneficios sin importar por quién votamos, y que su entrega no puede ser en eventos masivos; y por supuesto, que los servidores públicos deben abstenerse de acudir a actos proselitistas en días hábiles.
*Consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango.
Twitter: @omarortegasoria