Podredumbre política
En el diseño institucional de nuestro país, los grandes cambios se dan, en su mayoría, desde el centro hasta la periferia, desde el gobierno federal a los estatales. Así, por ejemplo, se han constituido las instituciones electorales, las de protección a los derechos humanos o de acceso a la información; en una primera instancia se creó la institución a nivel federal y después se replicó en todas las entidades del país.
Es mucho más difícil encontrar cambios que comienzan en los estados para convertirse en políticas nacionales, sin embargo, es relativamente común encontrar iniciativas de cambios a las constituciones o leyes estatales que buscan beneficiar a ciertos actores políticos en una coyuntura política a nivel local, por ejemplo, el nombramiento de actores políticos clave como pueden ser magistrados de los tribunales locales de justicia, auditores, fiscales o miembros de organismos autónomos a nivel estatal.
Sin embargo, la reforma constitucional que aprobó el Congreso del estado de Baja California el pasado 9 de julio sobrepasa a todo lo mencionado anteriormente, ya que extendió el período de gobierno del candidato ganador a la gubernatura en las pasadas elecciones locales, de dos a cinco años. Lo sucedido en el Congreso de ese estado es un ejemplo extremo de la podredumbre y la corrupción de la política en nuestro país.
La reforma en comento levantó airadas protestas por parte de diversos actores políticos y sociales a nivel nacional, ya que parece ser inconstitucional a primera vista, desafiando abiertamente lo que mandata la Constitución en su Artículo 105, fracción II, inciso i) que a la letra dice:
"Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales".
Además de contravenir lo establecido en la Constitución Política de nuestro país, existen ya diversas sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las que se establece que el periodo de gobierno estatal que ampara esta elección en Baja California es de dos años.
En vista de que los diputados sabían que estaban votando una iniciativa inconstitucional y con resoluciones ya emitidas por el máximo tribunal en materia electoral del país respecto a la duración del mandato derivado de esta elección local, la pregunta es por qué, o a cambio de qué, los diputados de la mayoría panista y la minoría priísta en el Congreso de Baja California votaron junto con morenistas para extender el periodo del próximo gobernador de dos años a cinco años.
Aunque no sabemos las razones que llevaron a la mayoría del congreso a votar una reforma constitucional con estas deficiencias, lo que está claro es la pérdida de credibilidad de nuestras instituciones, que la votación de esa sesión extraordinaria del Congreso de Baja California fue producto de una negociación política al más alto nivel entre los actores políticos locales que derivó en una desafortunada aprobación que tiene a ese estado en la mira de la política nacional desde
Hace un par de semanas y se ha convertido en la muestra más reciente de la podredumbre política en nuestro país.
Twitter: @jesusmenav