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JESÚS MENA VÁZQUEZ

El despido del Dr. Gonzalo Hernández Licona, quien durante 13 años se desempeñó como Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, mejor conocido por su acrónimo, CONEVAL, ha puesto de nuevo sobre la mesa la presión del nuevo gobierno a los organismos constitucionales autónomos. Algunos de estos organismos, que desempeñan funciones técnicas específicas en diferentes áreas del entramado institucional de nuestro país, han sufrido cambios en la composición de sus órganos directivos desde que inició funciones el nuevo gobierno federal. La remoción, como en el caso del ex Secretario Ejecutivo del CONEVAL, o la presión desde diversas secretarías de estado, que forzaron a renunciar al ex titular de la Comisión Reguladora de Energía, han tenido como consecuencia que quienes quedan a cargo de estas instituciones sean personas afines al proyecto que abandera el Presidente y que difícilmente servirán como contrapeso a las decisiones que se tomen desde la Presidencia de la República o sus secretarías de estado.

En otro contexto, el cambio del titular de un organismo después de 13 años ocupando el puesto, podría ser una buena noticia, lamentablemente en esta coyuntura, el despido de un funcionario con probada solvencia técnica y que no se prestó a componendas para agradar a los gobiernos anteriores en la evaluación de los programas sociales, no lo es.

El nuevo Secretario Ejecutivo, aun cuando cuenta con un respetable perfil académico, seguramente llevará a cabo los recortes de personal denunciados por su predecesor y es muy probable que bajo su liderazgo la institución tampoco tenga una voz crítica en la evaluación que, por mandato legal, tendrá que llevar a cabo de los programas sociales que implementa la administración federal.

Hace algunas semanas escribí en este espacio, a propósito de la cancelación de Prospera, que esperaba que los nuevos programas sociales del gobierno federal tuvieran el mismo rigor técnico con el que fue diseñado y evaluado Prospera, que inició como Progresa en el sexenio de Ernesto Zedillo y fue cambiando de nombre y añadiendo ciertos componentes a lo largo de los siguientes tres sexenios.

Es claro que un gobierno que fomenta la narrativa de poner a los pobres como su primera prioridad no puede darse el lujo de que un organismo autónomo critique de alguna manera su política social; esa es una de las principales consecuencias de este cambio en el CONEVAL, seguramente la institución encargada no solamente de la medición de pobreza sino de evaluar los programas de desarrollo social del gobierno federal, hará los ajustes necesarios para no evidenciar cualquier deficiencia en el diseño y eventualmente en los resultados que tengan los nuevos programas que ha puesto en marcha el gobierno federal.

Aunque esta tal vez es la consecuencia más seria del debilitamiento institucional y la cancelación de contrapesos, hay otras que seguramente se darán con el tiempo, por ejemplo, el despido del personal altamente especializado que coordinaba las evaluaciones a los programas sociales y la medición de la pobreza. La "reserva" de los fondos para realizar las evaluaciones que ha hecho la Secretaría de Hacienda, que también denunció al anterior Secretario Ejecutivo del CONEVAL, tendrá como consecuencia, si es que el número de evaluaciones se reduce, que se vaya erosionando el número de evaluadores externos con los que cuenta la institución.

Twitter: @jesusmenav

Escrito en: Vida pública programas, gobierno, Secretario, nuevo

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