Niegan que planta siga en construcción

Las acusaciones de que la empresa Chemours Laguna continúa la construcción de la planta pese a la suspensión definitiva de la obra por parte de un juez federal son completamente falsas, dijo el subsecretario de Desarrollo Económico del Estado en La Laguna de Durango, Gustavo Kientzle Baille.

Aclaró también que la entrada y salida de trabajadores se debe a que los equipos e instalaciones que se dejaron en la planta antes de la interrupción de los trabajos, tienen que recibir mantenimiento y en este aspecto, no hay mandato judicial que lo impida.

"Los terrenos son propiedad de la empresa y tiene el derecho de que se entre y salga cuantas veces quiera, la orden judicial solamente es con relación a no seguir construyendo y esa se ha respetado", indicó.

Son 100 ingenieros que se contrataron para dar mantenimiento a dichos equipos, entre turbinas y tubos especiales para conducir gas y el producto que la empresa fabricaría, los que de antemano requieren de atención permanente y sobre todo, en condiciones en las que ahí se encuentran, expuestos a las lluvias, tierra y calor.

El pasado viernes, pobladores de comunidades aledañas al sitio donde se ubica la construcción de la planta, se manifestaron y aseguraron que la empresa incurría en desacato judicial, al continuar las obras pese a que el Juzgado de Distrito ordenó la suspensión definitiva.

"La obra sigue igual que como quedó desde marzo de 2018, hay fotografías panorámicas que así lo demuestran pues en todo momento se ha hecho respetar la ley", aseguró el funcionario, al señalar que desde la suspensión, el proyecto de construcción quedó a un 40 o 50 por ciento.

Gustavo Kientzle dijo que las autoridades son respetuosas del derecho a manifestarse "pero lo cuestionable es que lo hagan con dichos falsos".

DELITO, SI TOMAN LA PLANTA

El subsecretario de Desarrollo Económico destacó que hasta ahora no hay una resolución definitiva en el caso del proyecto Chemours Laguna, el cual está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Reiteró que seguramente la última palabra de la máxima instancia judicial en el país, será a favor de la continuidad de las obras, pues no se han encontrado elementos que prueben las acusaciones que se argumentaron en la demanda de amparo, en el sentido de que se violentaron las leyes al expedir los permisos para la construcción.

Destacó que especialistas han revisado infinidad de ocasiones el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) y se cumplieron todos los requerimientos. Tampoco se cometieron los errores que argumenta el grupo de personas oponentes al proyecto.

Sobre la advertencia de los inconformes de que tomarán las instalaciones de la planta, el funcionario estatal dijo que es muy respetable su derecho a manifestarse, pero destacó que de hacerlo, estarían incurriendo en un delito que tendría que sancionarse, pues los terrenos y la parte de construcción pertenecen a la empresa y no pueden afectar una propiedad que no les pertenece.