Uso de francotirador contra secuestrador causa polémica en Brasil

El uso de un francotirador de la policía para abatir a un hombre que había secuestrado un autobús y tomado 37 rehenes en Río de Janeiro generó este martes tanto júbilo por parte de las autoridades brasileñas como preocupación entre las organizaciones que critican la violencia policial.

El secuestro se registró a primera hora de este martes en medio del puente de 14 kilómetros que comunica a las ciudades de Río de Janeiro y Niteroi, por lo que inmediatamente paralizó esta metrópoli brasileña y causó conmoción general.

El hecho llegó a su fin casi cuatro horas después cuando un francotirador de elite de la Policía Militarizada abatió a tiros al secuestrador y permitió que los 37 rehenes fueran liberados ilesos.

Con el rostro oculto tras un pasamontañas y camuflado bajo una manta roja sobre un vehículo de bomberos, el francotirador, miembro del Batallón de Operaciones Especiales de la Policía (Bope), permaneció atento hasta encontrar el momento adecuado para "neutralizar" al secuestrador.

Tras el secuestro trascendió que el joven, que sufría de problemas de depresión, además del galón de gasolina y del encendedor con los que amenazaba incendiar el autobús, así como de un cuchillo grande y un 'teser' (arma de choque eléctrico), portaba un revólver de juguete.

Según los rehenes, el secuestrador, identificado como Willian Augusto da Silva, de 20 años, dijo que no iría a robar las pertenencias de los pasajeros y que lo hacía para "entrar a la historia".

La acción policial fue celebrada con júbilo y a los saltos por el gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, así como festejada en las redes sociales por el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ambos defensores de que la Policía pueda disparar contra criminales sin sufrir consecuencias judiciales.

Witzel, juez de carrera y antiguo infante de la Marina, aprovechó una rueda de prensa para anunciar que pedirá a la Corte Suprema que le otorgue seguridad jurídica a policías que abatan delincuentes en operaciones contra la criminalidad.

Bolsonaro, por su parte, usó el Twitter para dar la enhorabuena a los agentes: "criminal neutralizado y ningún rehén herido. Hoy no habrá lágrimas de la familia de ningún inocente".

Bolsonaro, antiguo capitán del Ejército brasileño, expresó también que "no hay que tener pena" porque un bandido muera debido a la acción de francotiradores y recordó el traumático secuestro de un autobús de la línea 174 sucedido el 12 de junio de 2000 en Río de Janeiro y que terminó de forma trágica.

En aquel episodio, inmortalizado por el cineasta José Padilha en el filme-documental "Ônibus 174", falleció el secuestrador, Sandro Barbosa do Nascimento -un joven superviviente de una matanza policial contra menores de la calle-, y una rehén.

"La orden superior era hacer cualquier cosa, menos disparar, y no fue usado un 'sniper' (francotirador). El resultado fue la muerte de una profesora inocente y después el bandido murió dentro de la patrulla", sostuvo Bolsonaro.

Witzel ha legitimado públicamente la letalidad policial contra delincuentes en las favelas y defiende que francotiradores de elite abatan a criminales que porten fusiles.

Bolsonaro, de quien Witzel es un fiel admirador, también defiende que se otorgue este tipo de salvoconductos a la Policía.

El presidente brasileño celebró la intervención del Bope, batallón policial que fue inmortalizado en uno de los mayores éxitos internacionales del cine brasileño: la película "Tropa de Elite" (2007).

El Bope es un grupo elite de la policía que se asemeja al estadounidense Rangers, o al SWAT, entrenados para realizar operaciones de alto riesgo y actuar en situaciones bajo presión, como la ocurrida este martes.

En Brasil, este Batallón generalmente realiza incursiones contra bandas del narcotráfico que operan en las favelas, barriadas deprimidas, ubicadas en diferentes partes de Río de Janeiro, donde son frecuentes los enfrentamientos entre estas organizaciones criminales por el control del narcotráfico.

No obstante, los operativos adelantados por el Bope y en general por las autoridades policiales en Río de Janeiro son fuertemente criticados por las comunidades y por organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos que denuncian abusos de los uniformados.

Entre enero y junio de este año, 881 personas murieron en Río de Janeiro durante operativos policiales, un 15 % más que en el mismo período de 2018 y una cifra récord en el histórico iniciado en 1998, según datos del Instituto de Seguridad Pública.