SCJN obliga a castigar desvíos en educación
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia histórica al resolver de manera favorable y por unanimidad un amparo a Mexicanos Primero, organización que reclamaba el desvío de recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), destinados a la educación en los estados del país. Algunos de los beneficiarios son miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Los Ministros que concedieron el amparo fueron JorgeMario Pardo, José Ramón Cossío, Alfredo Gutiérrez Ortiz, Olga Sánchez y Arturo Zaldívar.
El amparo se presentó contra la Auditoría Superior de la Federación (ASF) porque a pesar de que los informes de Resultados de la Cuenta Pública de 2009 y 2010 determinaron múltiples irregularidades, la propia ASF omitió fincar responsabilidades administrativas y penales en contra de los funcionarios públicos que ejercieron los recursos. En 2010, la ASF determinó que 3 mil 149 millones de pesos del FAEB fueron destinados por los estados al pago de maestros comisionados del SNTE, mientras que mil 928 millones de pesos fueron desviados en 2009.
El amparo fue presentado bajo la figura de “interés legítimo” y al aceptarlo, las Organizaciones No Gubernamentales así como las agrupaciones de ciudadanos podrán promover amparos no sólo con el fin de proteger derechos sociales y colectivos, como la salud, la educación, la seguridad o el medio ambiente, sino también para combatir la corrupción.
A través de un comunicado, Mexicanos Primero dijo que con esta resolución la Suprema Corte “ha generado una importante vía para ello”.
“Es una decisión histórica y revolucionaria que abre la posibilidad a los ciudadanos de combatir la corrupción y exigir cuentas accediendo a recursos jurídicos como el amparo para combatir la opacidad y la corrupción en el manejo de nuestros impuestos”, dijo Luis Pérez de Acha, abogado promotor de los tres amparos.
“La concesión del amparo fortalece la transparencia en el manejo de los recursos federales al cuestionar el uso y destino del gasto público”, mencionó la ONG.