P Or una extraña coincidencia en diferentes espacios, el Congreso y la Corte, comenzó a discutirse el tema del impuesto a los refrescos y los derechos de los consumidores de marihuana casi simultáneamente. Aunque aparentemente son dos temas totalmente distintos, uno fiscal y otro de derechos, ambos tienen mucho más en común de lo que pareciera a primera vista.
El argumento central de los productores de refrescos para que les bajaran el IEPS (Impuesto Especial sobre Productos y Servicios) autorizado en la más reciente Reforma Fiscal y que es el mismo que tienen por ejemplo las bebidas alcohólicas, es que el refresco no hace daño en sí mismo, que lo que hace daño es el abuso en el consumo. Tienen toda la razón, y exactamente lo mismo podemos decir del cigarro, el alcohol o la marihuana. Nadie se muere por tomarse un refresco al mes, una "Cuba" cada semana o fumar marihuana cuando va a una fiesta. La diferencia es que el refresco se le venden a todo mundo, basta con que el niño sepa hablar, el alcohol sólo a los mayores de 18 y la marihuana es ilegal.
Los refresqueros propusieron la discusión correcta, aunque no estoy tan seguro de que salgan tan bien librada de ella. La pregunta no es quién nos protege de nosotros mismos, sino cuáles son las consecuencias económicas y sociales de nuestras decisiones. En ese sentido deberíamos discutir tanto el impuesto al refresco, revisar lo que estamos haciendo con el alcohol y el tabaco, y pensar lo que queremos en el tema de la marihuana desde tres aspectos: las libertades, la salud y las consecuencias sociales.
Desde el punto de vista de las libertades la demanda ante la corte de los consumidores de marihuana es simple y llanamente que no los criminalicen consumir marihuana y que se les reconozca el derecho que tienen a decidir qué consumen y qué no. Ni siquiera están planteando una legalización o discutiendo si la marihuana es buena, mala o todo lo contrario, sino simple y llanamente un asunto de libertades, como tenemos la libertad de consumir o no alcohol, refresco o tabaco.
El otro tema es la salud. Efectivamente el Estado está obligado a cuidar que los productos que circulan en el mercado no tengan un efecto inmediato sobre la salud, pero cada día más está comprobado que todo, hasta la carne, hace daño, el papel del Estado es recomendar y cobrarnos, vía impuestos, la consecuencias de nutras decisiones. Hoy por hoy la marihuna no es un problema de salud; la diabetes vinculada al alto consumo de refrescos, sí.
El tercer punto tiene que ver con los efectos sociales del consumo. Si bien es cierto que los maestros quisieran que los niños consumieran menos productos altos en azúcar, entre ésos los refrescos, pues los niños se vuelven más insoportables, el consumo de refrescos o tabaco no tiene una consecuencia social nociva, mientras que el alcohol y las drogas en general (incluyendo las que están en el botiquín familiar) sí. Lo que tenemos que cuidar en todo caso es no cometer los mismos errores que ya cometimos con la legalización del alcohol que tardamos años en regular desde la publicidad hasta el vínculo con el volante.