Rendir cuentas es justificar la acción pública. No es solamente fundar en la ley lo que se hace, es también argumentar. Ha de mostrarse, por supuesto, que las decisiones gubernamentales se ajustan al dictado de las normas pero deben fundarse igualmente en la razón. Lo primero no supone lo segundo. Puede haber acciones legales que resulten injustificables y decisiones razonables que son, al mismo tiempo, contrarias al derecho. Poder sometido a la ley, acción abierta a la crítica, la democracia enlaza ambas exigencias: una lógica que sostiene el interés público de la acción y un comportamiento subordinado a la ley. Quiero decir que las penurias de nuestra democracia no son solamente las de la impunidad sino también las del absurdo. Vivimos bajo un régimen que cotidianamente da la espalda a la razón, que cultiva una clase política indiferente a los requerimientos elementales del argumento. Fundar la política en el capricho, la ignorancia y el prejuicio. Actuar porque me da la gana, decidir porque sí; darse el lujo de ignorar lo evidente; dejarse llevar por las manías.
El gobierno de la república nombra a un personaje desprestigiado como cónsul en Barcelona porque lo puede hacer. Carece de cualquier credencial diplomática pero no importa. Si es necesario degradar la institución para esquivar la aduana del Senado, se hace y punto. El capricho se impone porque no se siente llamado a justificarse. El gobierno puede nombrar también a un demagogo deplorable como Subsecretario de Gobernación como abono de una alianza electoral. El costo lo paga el interés público. No importa que los propósitos explícitos del gobierno sean torpedeados por sus propias decisiones. El argumento es el pudor de la vida pública. El capricho, su indecencia. Que el nombramiento sea una facultad del gobierno no significa que se dispense el deber de justificarlo. Lo que enfrentamos es el burdo principio de autoridad: decido porque sí, porque puedo.
La prohibición de la mariguana puede ser el mejor ejemplo de ese reinado del absurdo. Sabemos que el gobierno federal se opone a la legalización. Está, eso sí, a favor de que el tema se discuta y le da siempre la bienvenida a ese debate-como si el país necesitara su autorización para conversar sobre lo que le interesa. Cuando no hay más remedio que fijar una postura, el gobierno ha expuesto sus razones. Recientemente lo ha hecho en voz del comisionado contra las adicciones y el subsecretario de gobernación del que hablaba en las líneas anteriores. Para el subsecretario Arturo Escobar, la prohibición ha de mantenerse para evitar que los delincuentes se conviertan en empresarios. Si la producción y el comercio de la mariguana se legalizara, el Chapo Guzmán caminaría por la calle como un respetable empresario agrícola. No podemos permitirlo, dijo el valentón. Me escapa la lógica de este personaje que exhibe los altísimos costos de la alianza entre el PRI y el Partido Verde. Sugiere el antiguo promotor de la pena de muerte que la legalización de una droga daría lugar a una amnistía de los peores criminales. Legalizar la producción y el comercio de la mariguana equivaldría entonces a legalizar cualquier cosa que hayan hecho los productores y los comerciantes de la mariguana. ¿Será necesario explicarle al Subsecretario que legalizar la mariguana sería eso y nada más? ¿Explicarle que la legalización de las extorsiones, de los robos, de los secuestros, de los homicidios no es consecuencia de la despenalización de la mariguana? Lo sería, tal vez, si los voceros del gobierno se tomaran en serio los debates en los que irrumpen con ligerezas. Lo que escuchamos en voz del Subsecretario es precisamente que el gobierno está en contra de la despenalización porque sí.
El comisionado contra las adicciones dio también sus argumentos recientemente contra la legalización. No quiere que los mexicanos terminen como adictos. La prohibición debe continuar para no convertirnos en un país mariguano. Al señor Mondragón no le parece necesario fundar su argumento en la experiencia ni examinar si, en efecto, la prohibición es una forma sensata de prevenir las adicciones. Curiosa protección selectiva. Si de cuidar nuestra salud se tratara, habría que prohibir más cosas: el tabaco y el alcohol por supuesto, el azúcar muy probablemente y, haciéndole caso a los médicos de la Organización Mundial de la Salud, también la carne y las salchichas. Habría, pues, que convertir al Estado en portentosa estructura maternal. y represiva.
Estamos tan lejos de la legalidad como de la razonabilidad. La meteorología de la fe del presidente de México nos lo recuerda.
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