Entregan 14 quejas por desplazados
Tras la captura del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) deberá esclarecer los presuntos abusos cometidos por elementos de la Armada de México durante el operativo implementado en Tamazula.
Felipe de Jesús Martínez Rodarte, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), explicó que desde el pasado 9 de octubre, cuando recibieron los primeros reportes de lo que sucedía en la región de Las Quebradas del estado de Durango, hasta finales de noviembre realizaron cinco visitas a la cabecera municipal de Cosalá, Sinaloa, donde permanecían por espacio de dos días.
En ese lapso, entrevistaron a los tamazulenses que se desplazaron hacia Cosalá a causa del operativo de la Secretaría de Marina Armada de México en la región, en donde hubo disparos y movilización de elementos.
La recopilación de testimonios de manera personal derivó en cinco quejas, pero al final del operativo de la Armada de México la CEDH acumuló 14 quejas que ya incluyen otras nueve que se recabaron vía telefónica.
La mañana del 9 de octubre la CEDH recibió dos llamadas telefónicas, una desde Estados Unidos y otra de Culiacán, Sinaloa, denunciando que familiares que radicaban en localidades de Tamazula de las que el personal de la Marina no les permitía salir.
Martínez Rodarte aseguró que esa noche se comunicó con el Segundo Visitador de la CNDH para informarle de los señalamientos recibidos en el transcurso del día, además de que por tratarse de una instancia federal le competía a la Comisión Nacional atender el tema.
Al siguiente día, la CNDH envió los primeros visitadores a Cosalá para verificar los testimonios que comenzaron a generarse sobre el tema. Cuando la Comisión Estatal realizó la primera visita a la zona, había 140 familias desplazadas desde diferentes localidades y ranchos de Tamazula, quienes se hospedaban en casas propias o con algún familiar o amigo.
TENSIÓN
El ombudsman estatal puntualizó que el personal de la CEDH no sufrió trato hostil por parte de los elementos de la Armada, siempre bastó con su identificación en el punto de control instalado en el acceso a la cabecera municipal de Cosalá.
Dijo que en todo momento se mantuvo comunicación con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa y con la CEDH, instancias competentes directamente en el tema, además de notificarles cuando realizaron las visitas y los protocolos.
"Cuando identificamos que la Comisión Nacional se encuentra en el lugar de los hechos, nosotros ya no vamos. El ambiente era tenso, era complicado, entonces los mismos habitantes que estaban en Cosalá nos indicaban que la instrucción de los elementos de la Marina era que limitarles el libre tránsito era con la finalidad de evitar que se generara una confusión y se suscitara una tragedia".
"Atendiendo eso y sabiendo que ya estaba el personal de la Comisión Nacional no quisimos entrar en una investigación en la que ellos tienen la competencia, que quizá haber entrado hubiéramos generado una circunstancia de enrarecimiento, hasta ese momento la Comisión Nacional no nos había pedido el apoyo en alguna diligencia y por eso nos mantuvimos sin acceder a las localidades".
Puso un especial énfasis en que lo más relevante era conocer las condiciones y atención de los tamazulenses desplazados a Cosalá, además de evitar cualquier situación que pusiera en riesgo a los visitadores duranguenses. Descartó además que hubiera quejas abiertas por desaparición de personas.
Las 14 quejas recabadas por la Comisión Estatal fueron enviadas a la CNDH para integrarlas a la investigación de presuntos abusos cometidos por los elementos de la Marina Armada de México, durante el operativo desplegado en el municipio de Tamazula durante la primera semana de octubre del año 2015.
En un recorrido realizado por El Siglo de Durango se pudieron captar los impactos de bala que presentaba una vivienda del poblado El Verano, que con apenas 15 familias es el más grande de los sitios cuyos habitantes se desplazaron, presuntamente disparados por un helicóptero de la Secretaría de Marina.
En Cosalá, el personal del DIF Municipal expuso que el padrón de desplazados indicaba la presencia de 214 jefes de familia, los cuales representaban un estimado de 700 personas provenientes de 21 localidades y rancherías de Tamazula, desde el 6 de octubre.
Joaquín Guzmán Loera, a quien buscaba entonces la Armada de México, fue detenido el pasado 8 de enero en Los Mochis, Sinaloa.