Restablecer el Estado Laico en Durango
Durante los últimos años, nuestro estado ha vivido en el extravío respecto al principio de laicidad en el ejercicio del gobierno. Pareciera que por unos años, volvimos al régimen de religión oficial de Estado, echando por la borda todo el conocimiento surgido en el siglo XVIII y XIX y acarreando los problemas que ésta contradicción histórica genera.
Las religiones son necesarias en una sociedad, y contribuyen a través de la ampliación de la conciencia y la espiritualidad del ser humano, a tener sociedades más estables, pacificas y con una mayor identidad. Claro está, esto pasa cuando una religión en realidad quiere ampliar la conciencia de sus devotos y generar hombres y mujeres libres, porque ha pasado también en muchos casos y en diferentes tiempos, que las religiones han minimizado esa conciencia y generado sumisión y docilidad para fines políticos.
En este contexto, el Estado Laico, surge de la necesidad de tener un régimen político con instrumentos jurídicos al servicio de una sociedad que se reconoce como plural y diversa, un Estado que no responde a ninguna doctrina religiosa, pero tampoco se opone a ninguna de ellas, y a quien responde, es al interés público y a la voluntad popular inscritos en nuestra Constitución.
Así pues, los principales objetivos en torno a la laicidad del Estado son; a) preservar la libertad de conciencia, b) defender la pluralidad, c) desterrar la discriminación y d) mantener la autonomía entre lo político y lo religioso. En este último punto, es importante mencionar, que dado que las religiones predican verdades absolutas y la realidad de las sociedades democráticas es diversa, la religión es un tema que por esta índole, debe mantenerse en el ámbito de lo personal, respetando la libertad de los demás para encontrar su camino hacia la conciencia y la espiritualidad.
Expuesto lo anterior, se entiende que los gobernantes, quien representan a la sociedad y sus derechos, deben recordar de manera permanente, que su papel no es imponer políticas públicas ni acciones de gobierno a partir de sus creencias personales, sino llevar a cabo sus funciones de acuerdo al interés público, defendiendo la voluntad popular de las mayorías sin detrimento de los derechos de las minorías.
Lograr el respeto y la ampliación de nuestras libertades, es el gran reto de la laicidad, las religiones y sus representantes, necesarios y útiles hoy más que nunca en el fortalecimiento del tejido social, pueden y deben participar en la creación de políticas públicas y sus respectivos debates, pero siempre conscientes que en términos eminentemente democráticos, el ser supremo es el interés público y libro sagrado es la Ley.
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