Todos los días escuchamos quejas de nuestros políticos sobre las amenazas y acciones de Donald Trump contra los migrantes en Estados Unidos, pero no sobre lo que esos mismos políticos hacen para impedir la creación de empleos en México.
Quienquiera que haya operado un negocio en nuestro país ha vivido la pesadilla burocrática. A los empresarios no les gusta hablar del tema, porque temen sufrir represalias, pero este pasado 22 y 23 de febrero se llevó a cabo un Foro Internacional sobre Mejora Regulatoria en el Senado. Walmart, el mayor empleador privado de México, ofreció una contundente presentación sobre los costos de la tramitología.
Walmart puede aportar una visión nacional porque cuenta con 2,456 tiendas en 555 municipios de todas las entidades. Para realizar su actividad detenta 19,944 licencias gubernamentales en temas como el ambiente, protección civil, funcionamiento, uso de suelo, construcción, anuncios, venta de alcohol, sanidad farmacéutica y muchos más.
Los trámites son muy distintos en cada estado. En Tabasco se necesitan 21 licencias por tienda; en Michoacán o Chihuahua, siete. El número de licencias, empero, no necesariamente refleja el costo regulatorio. A veces una sola licencia puede causar más problemas que varias de otro tipo.
En 2016 Walmart gastó 44 millones de pesos en derechos de construcción de nuevas tiendas y 187 millones para renovar permisos de tiendas ya existentes. La empresa, de hecho, tiene 130 empleados, abogados en su mayoría, que trabajan de tiempo completo para cumplir con los requisitos burocráticos. Las empresas más pequeñas, que no pueden mantener un ejército de "tramitólogos", enfrentan peores dificultades.
Algunos de los trámites y licencias son quizá razonables, pero otros se duplican o son innecesarios. Se requieren, por ejemplo, entre cuatro y once licencias ambientales para cada tienda. En algunos lugares hay que hacer el mismo trámite ante el municipio y el gobierno estatal. Las autoridades exigen trámites que no ordena ninguna ley o reglamento, como los permisos de obras menores en Naucalpan, Estado de México, o el del sistema alternativo de captación de agua pluvial de la Ciudad de México. Finalmente, hay trámites absurdos cuyo único propósito parece ser impedir la inversión o la creación de empleos.
Los tiempos varían muchísimo. Para obtener una licencia de construcción en Durango, por ejemplo, se requieren cinco trámites y tres meses, pero en el estado de México son 22 trámites y 18 meses. Un permiso de uso de suelo necesita tres trámites en Baja California y 13 en Jalisco, con cinco días en la Ciudad de México y 11 meses en el Estado de México. En Nuevo León el gobierno ha decidido de manera arbitraria que ya no dará nuevas licencias para venta de bebidas alcohólicas en envases cerrados, lo cual afecta los ingresos de las nuevas tiendas y viola a mi juicio la ley de competencia.
En otros países también hay trámites, pero son menores en número y mucho más fáciles de realizar. En Estados Unidos y Chile, por ejemplo, casi todos se realizan por Internet, mientras que las autoridades aplican una política de buena fe: esto es, señalan requisitos y se reservan el derecho de verificar, pero permiten que las tiendas se construyan y operen mientras tanto.
En México políticos y burócratas se empeñan en impedir las inversiones y la generación de empleos. No entiendo por qué se sorprenden cuando tantos mexicanos se van a trabajar a Estados Unidos.
Cae minería
La producción minerometalúrgica de México cayó 6.5 por ciento en volumen entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016 (Inegi). Los precios bajos, los altos impuestos y la falta de un estado de derecho afectan a esta industria, que paga sueldos más altos que el promedio.
Twitter: @SergioSarmiento