Una nueva ley forestal
Es indudable la importancia que tienen los bosques para el equilibrio y supervivencia de nuestro planeta, nadie pondría en duda su relevancia para la subsistencia de una gran cantidad de seres vivos, así como para la purificación del agua y del aire. De manera específica, México tiene una gran riqueza forestal, a nivel mundial ocupamos el décimo segundo lugar en superficie forestal y el 80% de sus bosques son propiedad de ejidal y de comunidades.
Si hablamos en términos económicos y sociales, a pesar de no representar una gran derrama económica, al ser de 0.3 % del PIB, si tiene una alta relevancia social, ya que genera 100 mil empleos permanentes. A pesar de lo anterior, cada año se pierden 500 mil hectáreas de bosques y selvas, lo que pone en riesgo una gran cantidad de flora y fauna, se pierden vitales servicios ambientales e implica la desaparición de comunidades que subsisten de la actividad forestal.
En la actualidad, los bosques enfrentan 2 graves problemas: por una parte tenemos la tala ilegal, hay cálculos que un 70% de la madera es de origen incierto; y a esto se le suma la problemática del cambio del uso del suelo, ya que no son pocos los casos en que los poseedores de los terrenos forestales deciden literalmente quemarlos, y de esta forma utilizarlos para actividades agrícolas, ganaderas o incluso, turísticas.
A lo anterior, se suma la falta de vinculación económica de este sector con la industria, los escases de incentivos para la explotación sustentable, las dificultades de comercialización, la falta de implementación de nuevas tecnologías, y en muchos casos, los problemas de inseguridad y de rezago social que se dan en estas comunidades que permanecen aisladas.
Ante esta situación, los Diputados Federales acaban de aprobar una nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que tiene como objetivo actualizar el marco legal y dar respuesta a todos estos retos, incluyendo la falsa percepción de que los bosques son un recurso abundante e inagotable.
En primer término, busca asegurarse de que toda explotación forestal sea sustentable, al mismo tiempo que plantea reducir los trámites burocráticos y hacer más eficaz la estructura gubernamental que regulan nuestros bosques. Por ejemplo se dota a la Conafor con facultades en materia de avisos y autorizaciones de plantaciones forestales comerciales, teniendo que ser de forma electrónica.
Además se hace una mejor coordinación entre las autoridades, ya que por fin se conjuntan el Sistema Nacional de Gestión Forestal operado por la Semarnat con el Sistema Nacional de Información Forestal, que maneja la Conafor. Al mismo tiempo se elimina el Servicio Nacional Forestal, al ser totalmente inoperante y con atribuciones ambiguas. Otro cambio muy importante será para dotarle a Profepa de mayores atribuciones para que coopere con las demás autoridades competentes.
Ahora será turno de que el Senado de la Republica analice esta ley; es de mencionar que, como toda ley, es aun perfectible, sin embargo la considero un buena iniciativa para actualizar el marco legal que rigen a los bosques. Hay que tenerla muy presente, sobre todo cuando es de especial relevancia para nuestro Estado, primera reserva forestal en el país, y donde una de las propuestas del Gobernador fue que nos convirtiéramos en la Capital del Mueble.
Twitter: @omarortegasoria