Diputados no han adecuado leyes a la Ley General de Víctimas
Lamentan integrantes del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) que autoridades legislativas se niegan a adecuar las leyes locales a las ya establecidas a nivel nacional para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en caso de violaciones.
Rebeca Ramos, representante en Durango de GIRE, señaló que desde el 2014 entró en vigor la Ley General de Víctimas en todo el país y con ello se eliminaron todos los marcos legales que impedían que una mujer, que resultara embarazada a consecuencia de una violación, pudiera abortar.
En el 2014 se reformó el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios y prestación médica y en el 2016 la NOM 046 que habla de la violencia familiar y sexual contra las mujeres, ambas se adecuaron a la Ley General de Víctimas.
Esto significa, explica Rebeca Ramos, que ya en todo el país, sin importar el estado ni las leyes locales, cualquier mujer que fue violada y que resulte embarazada puede solicitar el ILE y las autoridades de salud tienen la obligación de aplicarlo siempre y cuando estén dentro de las 12 primeras semanas de embarazo.
DURANGO SE QUEDA ATRÁS EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS SEXUALES
Ya varios estados del país han empezado a adecuar sus leyes para que estén a tono con las nacionales en la materia, pero en Durango no se ha hecho nada por parte del Poder Legislativo, y de acuerdo a un estudio del mismo GIRE, en esta entidad no se encontró ninguna norma administrativa para el acceso al aborto por violación. Tampoco en Durango las actuales leyes contemplan la Interrupción Legal del Embarazo.
EN DURANGO EXPONEN A LA VÍCTIMA EN VEZ DE AYUDARLA
Pero lo peor, señala la representante de GIRE, en algunas ocasiones en Durango las autoridades, para querer aplicar el ILE, le piden a la víctima que acuda a presentar denuncia penal y a realizarse los exámenes médicos para determinar si en verdad fue atacada y si está embarazada cuando la ley estipula que basta solo la confesión de la víctima bajo juramento de decir la verdad.
"Existe el afán de algunas autoridades de imponer creencias personales por encima de la salud y en ocasiones de la misma vida de niñas y mujeres que han sido atacadas sexualmente", comentó.
Hizo el llamado a los diputados locales para que no se queden atrás y actualicen los marcos legales en la materia, como ya lo han hecho otras entidades en el país.