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OMAR ORTEGA SORIA

La titulación y la emisión de cedula profesional es uno de los trámites burocráticos más engorrosos que existen. Se tiene que reunir infinidad de documentos: constancias de calificaciones, servicio social, prácticas profesionales, y algunos de estos deben de estar certificados, se entregan fotografías que cumplan con ciertos requisitos; a la vez, que por supuesto, se tiene que pagar. Esta maraña burocrática, ha impedido que muchos graduados, tengan acceso a documentos que prueben su preparación y por lo tanto, no pueden acceder a ciertas oportunidades laborales según su profesión.

La situación se complica mucho más, cuando los estudios se realizaron fuera del país, ya que se le suma traducciones, revalidaciones, apostillas y pagos adicionales, a los que se le suma el tiempo invertido en realizar estos trámites. De aquí la importancia de la reforma que promulgó esta semana el Presidente de la Republica, que facilitará la revalidación de estudios o la incorporación al sistema educativo para todas las personas que regresen a nuestro país.

Su origen es la iniciativa preferente que envió Peña Nieto al comienzo de este periodo legislativo, precisamente cuando ya se conocía la política migratoria hostil de Trump y se calculaba que una gran cantidad de jóvenes pudieran ser deportados a México, según datos oficiales del 2016, de los casi 220 mil connacionales repatriados, 51% eran adultos que no habían terminado la educación básica; 35% no había completado la educación media superior; y 13% la superior.

El acceso a la educación es un derecho constitucional que está por encima de asuntos burocráticos y muchas veces absurdos, por lo que este derecho no puede depender a que se tenga cierta documentación o se hagan algunos trámites, sobre todo cuando la educación es la clave para tener un buen trabajo y para la movilidad social.

Con esta reforma se facilitará el ingreso al Sistema Educativo, bajo un principio de confianza, aun cuando carezcan de documentos académicos o de identidad; se desaparecen muchos trámites engorrosos, tales como la apostilla para la educación superior, traducciones oficiales y los antecedentes académicos, con lo que se simplifica el proceso y se evita que los estudiantes pierdan tiempo y dinero, de igual forma se simplificará la revalidación de profesiones reguladas, como derecho o medicina; mientras que las profesiones no reguladas, podrán revalidarse de forma más accesible.

Es muy importante destacar, que la iniciativa sufrió muchas modificaciones y fue enriquecida por ambas Cámaras, ya que mientras originalmente la esencia de la iniciativa era motivada para favorecer a los jóvenes mexicanos que eran deportados de Estados Unidos, esta se transformó para ayudar a todos, incluyendo a los extranjeros que estuvieran en México, sin importar su nacionalidad ni situación migratoria.

Por último, hay que poner también los focos, en que las Universidades Públicas no tienen la capacidad suficiente para atender a la totalidad de la población estudiantil, por lo que en dado caso, de que existan deportaciones masivas, esta reforma seria poca operativa. De igual forma, es necesario tomar en cuenta que muchos de estos niños y jóvenes tienen pocos conocimientos de español, por lo que se tendrán que diseñar programas específicos, e incluso aprovechar sus conocimientos para mejorar nuestro sistema de enseñanza de idiomas.

Es también un hecho que la mayoría de mexicanos migrantes no quieren regresar, sin embargo con reformas como estas, se les puede brindar oportunidades de un mejor desarrollo social, de ahí su relevancia y pertinencia.

Twitter: @omarortegasoria

Escrito en: Pulso Legislativo educación, reforma, iniciativa, derecho

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